Nota del Comité Editorial de Deliberar

 

A primeros de noviembre Ediciones Deliberar publicó el libro de Julio Aramberri La China de Xi Jinping, un texto muy documentado pero con un estilo directo, crítico e irónico, que expone el asombroso progreso de China desde 1949 hasta nuestros días, profundizando en la última etapa. Frente a la extendida idea de que China, tras la muerte de Mao, entró en una fase económica, política e ideológica totalmente diferente, esta obra subraya la continuidad básica de esa evolución.

Consulte el sumario.

Ofrecemos a continuación un artículo del autor, inédito, sobre la situación actual tras el último Congreso del Partido celebrado el pasado mes de octubre. Con ello abrimos a los interesados en el tema la correspondiente deliberación.

 



 

 

La portentosa ambición de Xi Jinping, por Julio Aramberri

 

Los grandes medios globales saludaron como un acontecimiento histórico el 18 Congreso Nacional del Partido Comunista de China (PCC) en 2012. Al flamante Comité Permanente del Politburó, encabezado por Xi Jinping, lo presentaron como el protagonista de una etapa de reformas que esos mismos medios consideraban no ya deseables sino por completo perentorias. La letra la renovaron con mayor fervor aún un año después, tras el Tercer Pleno de 2013 que diseñó la política económica para los próximos cinco años.

Persuadidos de que el PCC tenía que hacer esas reformas, los analistas globales las dieron por hechas. ¿Acaso podía esperarse algo distinto de unos líderes que habían demostrado hasta la saciedad su capacidad intelectual y su pragmatismo? ¿No afirmaba el Pleno que el mercado iba a desempeñar un papel decisivo en la nueva economía de China?

Pasó un día y otro día; un mes y otro mes pasó, mas los cambios, tan pregonados, no aparecían. Los mercados siguieron tan controlados como antes; las empresas estatales —el llamado equipo nacional— se mantuvieron como principales receptores de fondos del gobierno y de los grandes bancos públicos; el imperio de la ley no avanzó ni un milímetro; la represión subió varios grados incluyendo a abogados laboralistas, a activistas sindicales, a grupos feministas, a defensores de los consumidores y a cualesquiera otros que dieran muestras de crítica o de insatisfacción.

La campaña anticorrupción —el programa central de depuración y relegitimación del Partido— castigó a alrededor de un millón de sus miembros: altos (tigres), medianos (moscas) o fugados al exterior para salvarse de la quema (zorros). Seguramente por coincidencia, afectó sobre todo a anteriores personajes importantes de sus cuadros de dirección y miembros del ejército escasamente devotos de Xi Jinping. Sin embargo, las investigaciones del New York Times sobre el patrimonio de los familiares de Wen Jiabao, el anterior Primer Ministro y de Bloomberg sobre el de los parientes de Xi no dieron lugar a ninguna acción penal; antes bien, la censura oficial persiguió sañudamente a ambos medios para evitar su difusión.

El progresismo, empero, siguió fiel a sus creencias. En 2017, los organizadores del Foro de Davos, conocido por las sesiones anuales que allí se celebran cada enero, brindaron a Xi la ocasión de brillar como el campeón del libre comercio («los problemas que preocupan al mundo no se deben a la globalización […] China mantendrá sus puertas abiertas», decía), sin que nadie quisiera reparar en que esa retórica se daba de bruces con el pertinaz proteccionismo de su gobierno. Para el Lowy Institute, un influyente banco de ideas ecologistas, con su defensa de los acuerdos de París frente a Trump, Xi había convertido a China «en el verdadero líder climático mundial». No especificaba si sus distinguidos dirigentes habían pasado algún invierno en Pekín.

El 19 Congreso del Partido (octubre 2017) elevó el pensamiento de Xi Jinping al parnaso de los más grandes pensadores comunistas, rayando muy cerca de Mao Zedong. En la sesión anual de la Asamblea Nacional Popular (febrero 2018) se reformó la Constitución para permitir a Xi un número ilimitado de mandatos frente a la provisión anterior, inspirada por Deng Xiaoping, de un máximo de dos. En los meses trascurridos desde ambos acontecimientos, los medios globales han orillado su anterior interés por las nonatas reformas para mostrar un deslumbramiento de doctrinos hacia el fabuloso poder económico de China, su eficaz gobernación y su eventual conversión en un polo político y económico alternativo al orden liberal. Ha nacido, insisten, un sistema capaz de desbancar la hegemonía global de Estados Unidos y de hacerlo con desahogo.

Una vez más, los medios globales se equivocan.

Por más que coincida de la cruz a la raya con la propaganda del gobierno chino y halague a Pekín, esa imagen de poderío indomable que propagan no se corresponde con la realidad. Por portentosa que sea su ambición, Xi Jinping carece de los medios para saciarla. Ante todo, porque China se enfrenta con la probabilidad de una seria crisis económica

Aun dando por buenas las envidiables estadísticas del gobierno, tan sempiternamente exactas que invitan a la sospecha, el ritmo de crecimiento de la economía china ha bajado desde una media anual superior a los dos dígitos hasta el 6,7% actual. En esas condiciones sólo a duras penas consigue China crear los puestos de trabajo necesarios para emplear a las nuevas cohortes demográficas y mantener su rápido proceso urbanizador.

Más preocupante resulta la forma en que se financia el crecimiento. Los chinos ahorran mucho y no por su gusto. La edad de retiro obligatorio es de 60 años los hombres y 55 las mujeres (50 si son trabajadoras industriales), lo que merma considerablemente sus ingresos potenciales al acortar su vida activa. Como, por otra parte, la expectativa de vida para quienes llegan a los 65 es de otros 16 adicionales, los chinos tienen que ahorrar para asegurarse una vida decente en el futuro. Esa propensión aumenta porque los servicios públicos (pensiones, sanidad, educación) son escasos y de baja calidad.

Si depositan sus ahorros en una cuenta bancaria, el interés fijado por el gobierno les ha dado una media de 1,15% anual entre 1990 y 2018. Si han pedido un crédito, el banco se lo habrá concedido a un interés medio de 4,32 durante esos mismos años. Es decir, por el mero hecho de tener sus puertas abiertas los bancos han tenido, garantizada por el gobierno, una ganancia bruta media de 3,20%. Esos ahorros mal remunerados han financiado los ciclópeos proyectos de inversión en infraestructuras (autopistas, trenes de alta velocidad, puertos, aeropuertos, viviendas) que han asegurado el rápido despegue económico.

Como es lógico, los chinos tratan de extraer mayor rendimiento a sus ahorros. Hasta el momento, la compra de viviendas ha constituido una excelente inversión. La convicción de que, en caso de crisis, el gobierno se encargará de cubrir las pérdidas en que puedan incurrir está ampliamente extendida, lo que lleva a los ahorradores a endeudarse para comprar otros activos de alta rentabilidad cuyos riesgos a menudo ignoran. En 2017 la deuda total del país llegó a 256% del PIB, aunque algunas estimaciones la estiraban hasta 304%.

El gobierno chino tiene a su disposición numerosos recursos para controlar la economía pero, al tiempo, su necesidad de impulsar el crecimiento le obliga a echar mano de la tarjeta de crédito nacional tan pronto se producen inflexiones a la baja. Los esfuerzos para reducir y controlar el crédito en la primera mitad de 2018 aflojaron tan pronto como aparecieron señales de que la economía se ralentizaba y, al tiempo, aumentaban los riesgos de una guerra comercial con Estados Unidos.

Lo quiera o no, Xi Jinping parece condenado a vérselas con una crisis de deuda que le obligará a reducir sus ambiciones de mantener a ultranza el crecimiento de su economía y eventualmente le pondrá en jaque en la arena política.

A las geopolíticas difícilmente les va a ir mejor. China se ha embarcado en una carrera de ofertas de ayuda económica conocida como Nueva Ruta de la Seda o, en inglés, BRI (Belt and Road Initiative) para financiar proyectos de infraestructura y comunicaciones en el área euroasiática. Comparada con el Plan Marshall, la dimensión de la NRS parece superior (https://www.economist.com/finance-and-economics/2018/03/08/will-chinas-belt-and-road-initiative-outdo-the-marshall-plan) pues en dólares de hoy el Plan hubiera alcanzado 130 millardos mientras que, a finales de 2015, Li Keqiang, el primer ministro, alardeaba de que las inversiones NRS alcanzarían un billón de dólares hasta 2020. Con una diferencia sustancial: el Plan Marshall consistía en donaciones en tanto que la NRS es una operación comercial.

Todo apunta a una operación de diplomacia pública cuyo destinatario inmediato es la opinión doméstica. Poner el foco sobre programas específicos para países emergentes limita el impacto negativo de esos gastos para una sociedad que aún adolece de enormes deficiencias asistenciales y quisiera ver mayor inversión pública en salud y pensiones. Al tiempo, la NRS es un mensaje ultrasónico para las empresas chinas. Su puesta en marcha supondrá una importante ampliación de los mercados de muchas empresas que han soportado la desaceleración doméstica de los tres últimos años.

La otra audiencia importante de NRS es internacional en un sentido doble. Los países emergentes que se miran en el desarrollo chino esperan que les llegue un reguero de millones. Pero, como se trata de créditos, los beneficiarios tendrán que devolverlos a plazo y con interés. Los otros destinatarios de esos planes de inversión son los países rectores del actual orden económico internacional. China se dispone a ofrecer alternativas al sistema de Bretton Woods como un desafío a la hegemonía norteamericana y afirmar su status de gran potencia.

¿Es posible? Los maliciosos pensamos que NRS no es más que otra hañagaza china para desembarazarse de parte de su deuda y, de paso, obtener ventajas torticeras. Su objetivo es atrapar en una trampa de deuda a sus incautos prestatarios. El caso más destacado hasta el momeno ha sido el de Sri Lanka, cuyo gobierno aceptó amplios créditos de Pekín para financiar la construcción de un puerto en Hambantota, un lugar al sur de la isla y estratégicamente situado a medio camino entre el estrecho de Ormuz y el de Malaca. Ante la incapacidad ceilanesa de pagar, sus dirigentes se han visto obligados a ceder su explotación a China por noventa y nueve años. Algo similar ha sucedido en Djibouti, Maldivas, Pakistán y otros países, donde Pekín ha ido adquirido un lustroso collar de perlas (bases militares en zonas vitales del Océano Índico) en detrimento de las aspiraciones indias al control de la zona. En Malasia, China ha sido cómplice de un espectacular fraude de cuatro millardos de dólares perpetrado por 1MDB, el fondo soberano de inversión, para beneficiar a Najib Razak, el anterior presidente del gobierno.

La otra gran ambición de Xi Jinping es dotar a su régimen de un aura de inevitabilidad apoyada en una pretendida necesidad histórica. No en balde los medios globales y los sicofantes de casa han destacado su deseo de basar la política china en un marxismo renovado.

Cualquiera mínimamente familiarizado con los escritos de Marx sabe que su idea de que la lucha de clases es el motor de la historia no puede encajar ni con fórceps en una de las sociedades más desiguales del planeta. En la realidad, lo que tienen en mientes cuando hablan de marxismo Xi y todos esos flamantes institutos creados para estudiar de su gran aportación teórica —el Pensamiento Xi Jinping sobre un socialismo de rasgos chinos en la nueva era— no es más que el leninismo de carril: la exclusividad del Partido en la toma de decisiones políticas.

Pero hablar de la guía del Partido en general, como si éste fuera la etérea encarnación de una abstracta voluntad colectiva es una desfachatez. El Partido no personifica a la totalidad de los chinos. Él mismo se define como su vanguardia, es decir, un grupo reducido de individuos a los que la ideología marxista-leninista otorga el derecho de decidir por sí y ante sí todos los asuntos que afecten al conjunto. El Partido, pues, no es más que los 89 millones de miembros que lo forman y que, sumados a sus familias y a sus clientes, pueden agrupar a 200-250 millones de personas —la séptima parte de la población de China— que se arrogan el derecho de gobernar, controlar y reprimir al resto. Cómo se transustancia esa voluntad particular en la voluntad general es un asunto teórico enredado al que ninguno de sus defensores, incluido Xi, ha sabido dar una respuesta satisfactoria.

Lo insoluble en la teoría, sin embargo, no lo es tanto en la práctica. Mao nunca dudó en echar mano de la fuerza para imponer esa errática voluntad general que no era otra cosa que la suya propia y la de su variable grupo de secuaces. Desde los tiempos de la Larga Marcha, la vanguardia no sólo imponía una férrea desigualdad entre dirigentes y dirigidos en términos de poder, sino también en el acceso a ventajas económicas, privilegios y posición social. Aquella diferencia inicial ha pervivido hasta nuestros días y se ha ramificado en una estratificación compleja donde, a la postre, la pertenencia al Partido permite a sus miembros acumular rentas y gabelas para sí, para sus familias y para sus clientes. Pese a las enormes diferencias en el bienestar de sus súbditos, en la complejidad de la sociedad china actual y en la educación formal de su población, esa inspiración totalitaria es una cadena que traba a la China de Mao Zedong con la China de Xi Jinping.

Sin solución de continuidad.

Julio Aramberri

 



 


Dos preguntas al profesor Aramberri, por José Lázaro

 

Antes de entrar en la deliberación sobre el sugerente texto de Julio Aramberri —en la medida en que los simples curiosos podemos deliberar sobre un tema así con un auténtico especialista— quisiera hacer al profesor Aramberri algunas preguntas sobre afirmaciones suyas que me despiertan especial curiosidad.

Hasta los más feroces críticos de los países comunistas suelen admitir que su principal atenuante es la calidad de sus servicios públicos básicos: vivienda, enseñanza, sanidad… Ahora tu texto afirma que en China “los servicios públicos (pensiones, sanidad, educación) son escasos y de baja calidad”. ¿Cómo se pueden conciliar ambas cosas?

Hay en tu artículo otra afirmación que, a diferencia de la anterior, no resulta sorprendente sino familiar: la de que el Partido Comunista, desde los tiempos de la Larga Marcha, “no sólo imponía una férrea desigualdad entre dirigentes y dirigidos en términos de poder, sino también en el acceso a ventajas económicas, privilegios y posición social”. Todas las revoluciones se han hecho en nombre de la igualdad y la justicia social. Todas las que se han hecho, que yo sepa, al margen de la ideología concreta que las inspirase, han realizado en seguida la sustitución de una élite dirigente, explotadora e injusta, por otra que lo ha sido en el mismo grado y generalmente con la misma —o mayor— brutalidad. ¿Conoces alguna excepción a esa regla? Si se cumple de forma habitual, ¿a qué podemos atribuirlo? ¿Cuál es para ti la razón de fondo que, en los más diversos contextos geográficos e históricos, parece imponer una y otra vez ese mismo retorno de lo idéntico: el dominio, más o menos suave o autoritario, de una mayoría por una minoría?

José Lázaro

 



 

Dos preguntas con única respuesta, por Julio Aramberri

 

Respondo sumariamente a las preguntas formuladas por José Lázaro.

Desde la fundación de la República Popular en 1949, el PIB y la renta per cápita de China han crecido rápidamente. Entre 1980 y 2016, el PIB pasó de 307 millones de dólares a 11,3 billones (1012) –treinta y cuatro veces más–. En paridad de poder adquisitivo se multiplicó por más de sesenta. El crecimiento anual desde 1980 hasta 2014 sólo ha estado por debajo de 7% en tres ocasiones. Durante los años de Mao Zedong, la renta per cápita se mantuvo en torno a mil dólares (en valor constante de 1990) pero, a partir de las reformas económicas posteriores a 1979, ha tenido un ascenso espectacular. En 2016 pasó de once mil.

Otros indicadores satisfactorios. Entre 1990 y 2013, la expectativa de vida pasó de 69 a 75 años. La tasa de pobreza extrema saltó del 85% en 1981 al 33,1% en 2008. Según otras estimaciones, la pobreza en general cayó del 26% al 7% entre 2007 y 2012. En 1953, la tasa de urbanización estaba en 13%; en 1982, al principio de las reformas económicas, era 26,4% y en 2015 pasó 55,6%, con un ritmo de crecimiento anual del 3%. Cuando se proclamó la República Popular en 1949, sólo un 20% de niños asistía a la escuela primaria. Sesenta años después, la cifra subió a 99% mientras el analfabetismo caía del 80% al 10%. El salto hacia delante de China ha sido espectacular e innegable.

Sin embargo, a lo largo de esos años la evolución de los servicios sociales –seguridad social, sanidad y educación, es decir, lo que suele llamarse el paraguas asistencial– ha sido lenta y desigual. Las pensiones son escasas, especialmente en el medio rural. Los trabajadores urbanos se ven obligados a jubilarse pronto para que sus puestos de trabajo puedan ser ocupados por las generaciones que les siguen, lo que merma su capitalización. Las prestaciones sanitarias son muy desiguales en calidad y tienen que ser sufragadas en gran parte por sus consumidores. Los avances educativos en todos sus grados son posiblemente la joya de la corona. Sin embargo, la calidad de los centros educativos varía enormemente entre el campo y las ciudades. Y dentro de éstas, hay diferencias entre las escuelas públicas a las que asisten los hijos de quienes gozan de un hukou –certificado de residencia que determina el acceso a los servicios ofrecidos por la localidad correspondiente– y buena parte del proletariado urbano compuesto por inmigrantes que carecen de él. Los hijos de este último grupo se hacinan en escuelas privadas de escasa calidad por las que tienen que pagar cuotas muy altas en relación con sus medios. Estas cuestiones se abordan con mucho mayor detalle en el capítulo 10 del libro.

Pero, por muy satisfactorias que sean las estadísticas chinas en relación con su pasado reciente, la comparación con otras sociedades de su misma área geográfica muestra las deficiencias de su red de asistencia social. En 1945-1949, Japón y Corea del Sur partían de una economía tanto o más destrozada que la de China. Algo similar ha ocurrido en otras sociedades asiáticas como Singapur, Taiwan, Malasia o Tailandia. En todas ellas, pese a sus limitaciones, el paraguas asistencial del Estado de Bienestar se ha ampliado hasta un grado con el que los chinos no pueden siquiera soñar. China puede ser el diamante más grande de la diadema asiática pero no es el de mayor calidad ni el que más refulge.

Lo que me lleva a abordar tu segunda cuestión. El asunto de las revoluciones, que es complejo y sigue sin tener solución satisfactoria. Sólo, pues, un par de reflexiones elementales. Ante todo, desde la revolución neolítica las sociedades complejas han generado procesos de estratificación, es decir, desigualdades en el acceso a bienes y servicios. Podemos y debemos discutir largamente por qué y cómo, pero eso no obsta para que la igualdad radical, especialmente entendida como igualdad de resultados de todos los miembros de una sociedad dada, sea una quimera y, con seguridad, una receta que frena el progreso económico y la innovación.

¿Qué decir de las llamadas revoluciones socialistas? Que, pese al entusiasmo de sus beneficiarios y sus propagandistas, han seguido la falsilla leninista del igualitarismo de Marx y han fracasado estrepitosamente en bienestar y en igualdad. La Unión Soviética, sus satélites imperiales, Cuba, Corea del Norte, recientemente Venezuela o Nicaragua han cargado a sus ciudadanos con un atraso creciente por comparación con las que han seguido un camino distinto y, al tiempo, con una relativa igualdad de miseria.

¿No son China y Vietnam –algo así como su hermana menor– dos notables excepciones a esa regla? A mi entender, no y por dos razones. Una: China y Vietnam han aceptado en su seno a los mercados. Dos: ambas economías, sin embargo, se enfrentan cada vez más con el viejo problema de los embarazos a medias –que no existen. En China el creciente fracaso de las políticas de Xi Jinping se debe al rígido control sobre la economía de un sector público que ni crece ni deja crecer adecuadamente al resto.

¿Por qué se obstina el gobierno chino en mantenerlo? Podríamos hablar hasta la saciedad de oportunidades y amenazas pero, a mi entender, hay un aspecto primordial que se nos suele pasar por alto. No se trata sólo de que las revoluciones socialistas se basen en una ideología incompatible con la libertad económica y política. Hay algo más básico: sus protagonistas no están dispuestos a ceder la hegemonía de sus partidos, se llamen comunistas, bolivarianos o sandinistas. Sólo ella garantiza su acceso personal, el de sus familias y el de sus clientes a beneficios y gabelas vetadas a sus súbditos.

 

Julio Aramberri

 

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