Globos sobre el Atlántico o cómo defender Europa en tiempos de posverdad, por Antonio Muñoz Vico

 

 Aprendí también a elaborar historias que, aunque falsas, resultasen verosímiles. Me convertí en un maestro de la fabulación. Acabé creyéndome mis propias mentiras. Me acostumbré a que no hubiese más verdad que la mía, la que alumbraba con mis palabras. […] La verdad pura y simple brillaba por su ausencia. Todo era un conjunto de mistificaciones.

José Luis Cancho. Los refugios de la memoria.

 

Atravesar el Atlántico en globo no es sólo una gesta admirable, sino también una de las grandes mentiras del siglo XIX. El autor del embuste, Edgar Allan Poe, es uno de tantos escritores que, en ausencia de leyes que protegieran eficazmente sus derechos, se vio obligado a ejercer de gacetillero y hasta a imaginar y divulgar bulos en periódicos sensacionalistas para vivir de la pluma. El Atlántico no se cruzaría en globo hasta 1978, pero a Poe no le tembló el pulso al asegurar en una crónica de 1844 que unos aventureros habían sobrevolado el océano a bordo del dirigible “Victoria”. Los lectores del New York Sun asumieron la noticia con entusiasmo y credulidad: si los franceses habían realizado el primer viaje en globo en 1783 –cuando un gallo, una oveja y un pato se elevaron sobre Versalles para asombro de María Antonieta–, ¿por qué dudar de la noticia publicada por el diario neoyorquino? El escritor confesaría su pecado años más tarde en “El camelo del globo”.

¿Fue Edgar Allan Poe el inventor de las fake news? Las mentiras con trazas de verosimilitud se conocen hoy como noticias falsas y se han convertido en uno de los fenómenos del siglo. Divulgar bulos para confundir y desestabilizar al poder es algo que ha ocurrido siempre. Lo que nos inquieta ahora es la facilidad con que las falacias se propagan en la Red y seducen a millones de personas. Ningún titular es tan sugestivo como el que nos dice exactamente lo que queremos oír; ninguna noticia es tan dañina como la que desdibuja la frontera entre las causas nobles y las más burdas; ninguna tan peligrosa como la que emborrona y socava la credibilidad de la democracia (de sus procesos electorales, de sus valores y sus instituciones) apelando a las emociones y despreciando el valor de los hechos. Las redes sociales se han convertido en el medio más común para la difusión de noticias falsas, pero quienes las conciben son personas de carne y hueso que persiguen objetivos premeditados. Y lo hacen a través de algoritmos que repiten sin descanso la consigna marcada: la condición de forastero de Barack Obama, la homosexualidad de Emmanuel Macron o el oscurantismo de la democracia española frente al desafío catalán al imperio de la ley. Poco importa el pretexto si puede servir para cambiar el signo de unas elecciones o brindarnos la llave del poder.

El lenguaje no es inocente: los asesores del presidente Trump acuñaron la expresión “hechos alternativos” para dotar de legitimidad semántica a la mentira. La Rusia de Putin promueve la confusión masiva en las redes, pero se escuda en el término “fake news” para desacreditar a quienes denuncian sus métodos. Ahora, un grupo de expertos auspiciado por la Comisión Europea (el “High Level Expert Group on Fake News” o HLEG) aboga por hablar de “desinformación” en detrimento del escurridizo fake news. La desinformación abarcaría cualquier tipo de información falsa, imprecisa o engañosa dirigida a causar un daño a la colectividad o a generar réditos económicos. El informe del comité de expertos esboza las líneas maestras sobre las que la UE hará frente al fenómeno de la desinformación. Pero, ¿debe Europa legislar para frenar el avance de la posverdad? Y si ese fuera el caso, ¿cómo hacerlo sin afectar a los derechos y libertades que nos definen como europeos: la libertad de expresión, el derecho a la información o la libertad de prensa? La respuesta no es fácil ni unívoca. El grupo HLEG desaconseja legislar en el corto plazo y opta por fomentar un marco de autorregulación acordado entre los principales interesados: las plataformas de internet, los medios de comunicación, la industria de la publicidad y los fact-checkers (periodistas u organizaciones sin ánimo de lucro encargados de contrastar noticias dudosas).

El pasado 26 de abril, la Comisión Europea recogió el testigo del HLEG y anunció medidas inminentes. La Comisión da a las plataformas hasta octubre de 2018 para poner en marcha un código de buenas prácticas que persiga, entre otros, los siguientes objetivos: 1) la identificación de las noticias publicadas a cambio de un precio —con especial énfasis en la propaganda política— y la restricción de la publicidad como vía de financiación para quienes difunden campañas de desinformación; 2) una mayor transparencia de los algoritmos que permita a terceros independientes comprobar que no responden a sesgos ideológicos; 3) el cierre de perfiles falsos y la persecución de los denominados bots: algoritmos robotizados que ayudan a posicionar determinadas noticias sobre otras; 4) las plataformas deberán también sugerir a sus usuarios fuentes de información que ofrezcan puntos de vista diversos a fin de mitigar el sectarismo. Se trata, en suma, de rastrear y controlar el origen de la desinformación, sus vías de financiación y los protocolos seguidos para su difusión.

La Comisión promoverá, además, una red europea de verificadores de hechos que facilite el intercambio de experiencias nacionales, programas educativos dirigidos a cultivar el espíritu crítico en las redes (anunciándose una “semana europea de la alfabetización mediática”) y medidas de  apoyo a los Estados Miembros para fortalecer sus procesos electorales frente a unos ciberataques cada vez más sofisticados. Todo ello en el marco de una estrategia coordinada entre la Unión y los gobiernos de los 28 para rebatir falsas narrativas sobre Europa y proteger el ecosistema europeo de medios de prensa (ese “periodismo despierto capaz de dirigir el interés de las mayorías hacia temas relevantes para la formación de la opinión política”, al que apelaba Jürgen Habermas en una entrevista reciente concedida a un medio español).

Europa se posiciona así frente a las fake news y se da de margen hasta diciembre de 2018 para decidir si la autorregulación es suficiente. Entretanto, la contienda contra la desinformación debe librarse también desde la sociedad civil: es nuestra responsabilidad como ciudadanos ejercer la libertad de expresión con audacia para contrarrestar el poder expansivo de la mentira —tantas veces prestigiado por modas o corrientes de opinión—, y abordar con escepticismo los juicios sumarísimos a la democracia representativa. Porque, como advirtió Edgar Allan Poe, la manipulación de la realidad para halagar al público o reforzar sus prejuicios resulta mucho más eficaz que informar con rigor sobre una actualidad a menudo compleja y vidriosa. Bajo ese prisma, la lucha contra la posverdad es sólo un flanco más en la batalla cotidiana por la democracia en Europa. Decía Ovidio que la ley está para que el poderoso no lo pueda todo. Veintiún siglos después de Ovidio, casi dos después de Poe y tras dos guerras mundiales, los europeos hemos aprendido que más allá de la ley y de la democracia sólo hay una certeza posible: la verdad deshonrosa de los totalitarismos. A todos nos concierne evitar que la historia se repita.

Antonio Muñoz Vico

 



 

Comentario de José Lázaro

 

La lectura del brillante artículo sobre las fake news y la postverdad (diga lo que diga la Academia, me resisto a quitarle la t a post-) escrito por Antonio Muñoz Vico produce una cierta inquietud relacionada con la ausencia de cuestionamiento acerca del origen, el sentido y la pertinencia de esos términos.

No tengo nada que objetar a las reflexiones de Muñoz Vico y comparto plenamente sus conclusiones. Pero pienso que para tratar este tema es necesario un comentario previo de los términos que se usan, entre otras razones porque es difícil dar una batalla si empezamos por aceptar sin crítica las bombas-trampa con que nos obsequia el enemigo.

La costumbre de aceptar acríticamente neologismos ingleses e incrustarlos sin más en la lengua castellana es una muestra de pereza y esnobismo tan generalizados que casi todos la seguimos, a veces sin darnos cuenta, y casi nunca la criticamos. Pero en casos como este sirve además para enturbiar el sentido de los términos en juego, como si el trapacero que los acuñó les hubiese dado además un significado nuevo. No es, en absoluto, el caso de fake news, término inglés cuyo sentido es transparente y no es difícil traducir al español: noticias falsas, mentiras publicadas.

La misma trampa es fácil de descubrir en los otros términos de que se trata, incluso aunque estos hayan sido traducidos: la desvergonzada expresión “hechos alternativos”  no es más que un eufemismo para referirse a falsedades, hecho que ni siquiera Trump y  sus secuaces se molestan en ocultar. Como buenos partidarios del pensamiento mágico, ellos están convencidos de que basta con cambiar las palabras para que cambie la realidad a la que aluden: “Nosotros no mentimos, enunciamos hechos alternativos”. La misma estrategia del Presidente de Gobierno aquel que para suprimir una incipiente crisis económica decidió bautizarla como “desaceleración acelerada del crecimiento económico”. O aquel otro que cuando pillan a su querido amigo con las manos en la masa, olvida de repente su nombre y apellido para referirse en público a él como “esa persona que usted menciona”. Si no se nombra, no existe: gran sabiduría política heredada, como es sabido, de los avestruces.

El caso de la postverdad añade un elemento más a la cuestión. Su significado es claro: se trata, sencillamente, de lo que toda la vida se ha llamado la mentira. Pero es cierto que se trata de un tipo determinado de mentira, cuyo sentido específico recoge muy bien el diccionario de la RAE que, después de extirparle la t sin anestesia, la define así:

posverdad (De pos- y verdad, trad. del ingl. post-truth). 1. f. Distorsión deliberada de una realidad, que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales. Los demagogos son maestros de la posverdad.

Hay personas que desdeñan este tipo de cuestiones con la frase despectiva: “Eso son solo cuestiones semánticas”. Ignoran la trascendencia de las cuestiones semánticas. Ignoran que el pensamiento certero consiste muchas veces en hacer precisiones semánticas adecuadas. Pero, pese a su ignorancia, o precisamente por ella, no suelen equivocarse al elegir entre términos como “España” o “Estado español”, “violencia de género” o “violencia de pareja”, “Euskadi” o “País Vascos”, “presos políticos” o “políticos presos”, “presidiarios” o “delincuentes encarcelados”… Las palabras son armas muy potentes y no es buena estrategia de combate aceptar sin más las armas que nos ofrece amablemente el enemigo. Porque, como solía decir Javier Pradera, tampoco es verdad que las palabras no matan: basta con pensar en las palabras: “Preparen, apunten, ¡fuego!”.

José Lázaro

 



 

Falsas noticias: cómo defenderse de la adulteración de la vida política, por Fernando Sánchez Pintado

 

La mentira puede decirse de muchas maneras, este es uno de sus rasgos distintivos y de ahí su gran capacidad para seducirnos, porque, a diferencia de la verdad que es una y única y, en ese sentido, nos limita y obliga a reconocer y mantenernos en el ámbito de lo real, la mentira nos ofrece un mundo cambiante, ilusorio y podría decirse que casi a nuestra elección. La mentira tiene tantas formas de ser que hasta el propio nombre de mentira desaparece y pasa a ser (en una razonable escala de gravedad y según los contextos y situaciones en que se realiza) bulo, rumor, chisme, murmuración, enredo, simulación, falsedad, fraude, mistificación, difamación…Y si nos alejamos del contexto mediático actual, lo que hoy ha dado en llamarse, retorciendo el lenguaje hasta que no se sepa qué significa, “hechos alternativos” oculta lo que antes se llamaba “razón de Estado”, porque ambas expresiones vienen a significar lo mismo: son la mentira dicha desde el poder.

Por eso no nos tiene que asombrar que ahora la mentira sea fake news, o mejor dicho en castellano, falsas noticias. Más bien nos advierte de que lo que caracteriza a la forma dominante hoy de la mentira es la información (convertida en hecho social total como opinión pública) que, mediante circuitos desconocidos por los ciudadanos, puede ser lo contrario de lo que dice ser, esto es, sin que podamos saber cuándo es falsa o verdadera. No malinterpreta ni comete errores, es una forma de continuar lo que en tiempo de guerra los servicios de espionaje llamaron desinformación, de tal manera que la negación de la transmisión verídica de los hechos es presentada hoy como lo verdadero y hace de la sociedad civil el campo de batalla.

Es evidente que la historia política de la humanidad es un continuo, más o menos organizado, de transmisión de noticias falsas, en eso consiste en gran medida la acción política. Nadie duda de que la información que se transmite por medios tradicionales como la prensa no esté libre de tergiversación y manipulación, pero tampoco podemos negar que hay grandes diferencias entre estas deformaciones de la verdad y la utilización masiva de falsas noticias de manera planificada y sistemática a través de las redes sociales. Es un hecho incuestionable que esto ha intervenido y muy probablemente ha influido de manera decisiva e inesperada en la vida política, que ha torcido la voluntad ciudadana en el Brexit o en las últimas elecciones americanas o en los momentos álgidos del movimiento separatista de Cataluña. Sostener que la mentira ha sido un arma política en la historia y por eso no distinguirla de lo que está sucediendo hoy gracias a las nuevas tecnologías, sería como decir que no hay grandes diferencias (a no ser por el número de combatientes e inocentes muertos) entre las guerras “tradicionales” y las que asolaron el mundo en el siglo XX. De las muchas y grandes diferencias, la primera es que la planificación de la mentira política también se ha globalizado, hasta el punto de que los Estado-nación no encuentran los medios legales ni materiales para hacerle frente. Esto constituye un hecho social y político de enorme gravedad, que puede trastornar las normas aceptadas comúnmente para delimitar la libertad de expresión y la formación de la opinión pública y, en consecuencia, la democracia. Frente a ello nos encontramos en buena medida inermes y, desde luego, bastante confusos. Hasta ahora se han contemplado dos opciones para impedir esta nueva forma de desinformación que tiene un claro propósito desestabilizador de la vida política: la intervención de los poderes públicos (es el caso de Alemania y el iniciado por Francia) o la tutela de organismos de control que no implican limitaciones estrictamente legales, esperando que las plataformas informáticas se autorregulen y cumplan un código de conducta en materia de información.

Recientemente, el 7 de junio pasado, se presentaron dos proyectos de Ley en la Asamblea Nacional francesa para combatir la manipulación de la información y, en especial, limitar la injerencia extranjera y la propaganda (ilegal y alegal) durante el período electoral, centrándose en la propagación de falsa información en las redes sociales. Pero, como no resulta nada fácil delimitar qué es información falsa, y menos aún diferenciar en términos legales lo verdadero de lo falso, se ha optado en estos proyectos de ley por eludir el término verdad, y sustituirlo por el de verosímil (lo cual nos lleva a un terreno francamente problemático). En el título de la ley el término “falsa información” ha sido sustituido por el de “manipulación de la información”. Sin duda los nombres son importantes, pero es difícil que por cambiar el título de la ley se haya resuelto el problema de fondo de qué es, desde el punto de vista legal, lo aceptable (verdadero o verosímil) y lo punible en la información. Por ello, el proyecto de ley establece que sólo se podrá intervenir judicialmente –y suspender la transmisión de informaciones falsas, cerrando páginas web– tres meses antes de las elecciones. Y esto, siempre que se den otras condiciones: que esas informaciones puedan alterar la “sinceridad de la votación”; que hayan sido difundidas de “mala fe”; que se hayan utilizado robots; y que su alcance haya sido masivo. Como se puede apreciar, determinar cada una de estas condiciones no es evidente, pero hacerlo, en términos jurídicos, con todas ellas, además de ser una tarea de enorme complejidad, puede llevar a la arbitrariedad.

Al introducir estas cautelas, de difícil cumplimiento, el proyecto de ley pretende impedir que esto ocurra, aunque la oposición, desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda, sostenga que es un procedimiento antidemocrático que establece una forma de censura. Una oposición semejante se ha levantado en Alemania, que cuenta con una ley desde comienzo de 2018, en la que la falsa información está asociada a otros contenidos ilícitos como racismo, antisemitismo o incitación al odio. Sin duda existen riesgos, pero es aún más cierto que ya se han producido numerosas intervenciones extremadamente eficaces, presumiblemente organizadas por potencias extranjeras, para adulterar y manipular campañas electorales, referéndums y otras situaciones claves en la vida política de los Estados-nación. No es necesario recordar las múltiples formas de propaganda mentirosa que han servido para conseguirlo, sería una larga relación que supera los límites de este comentario, y de la que conocemos sólo algunos de sus resultados.

El problema que se plantea es doble. Por una parte, es necesario proteger la democracia, que no es algo dado e inalterable, como hemos tenido ocasión de comprobar en nuestra historia reciente, sino que por su propia naturaleza exige a los ciudadanos construirla, mejorarla y defenderla. Pero, por otra parte, también hay que tener presente que, a pesar de todas las cautelas contenidas en las leyes, existe la posibilidad de que, en el futuro, se consoliden tendencias autoritarias y los jueces tengan el poder de establecer lo que es verdadero o falso, y con ello se establezca una nueva forma de censura. Si las leyes son más simbólicas que efectivas es difícil que esto se produzca, pero entonces no servirán para contener la manipulación creciente de la opinión pública. Y, a la inversa, existe el peligro de que sean demasiado efectivas.

Se han producido transformaciones radicales tanto técnicas como sociales que nos plantean un problema que lo primero que exige es reconocer que se trata de un verdadero problema. Habrá que abordarlo adaptando la legislación a las nuevas condiciones, con todas las cautelas necesarias. Pero no basta con esto. Es conocido que se han creado auténticas fábricas de difusión de falsas noticias que utilizan una tecnología avanzada y aprovechan los vacíos legales que hoy existen, pero también es conocido que esas informaciones falsas, por muy increíbles que sean, se transforman en verdaderas gracias a la intervención de personas conocidas que las multiplican y hacen creíbles porque vienen del “vecino de al lado”.  La revista Science publicó un estudio empírico en el que se analizan millones de tweet, una de sus principales conclusiones es que en las redes sociales lo falso se difunde de manera mucho más rápida y masiva que lo verdadero. Habrá a quien le parezca una perogrullada o, por el contrario, exagerado. Sin embargo, aporta algo valioso, la confirmación empírica de que la mentira es más fácil de creer que la verdad, como en la vida cotidiana hemos comprobado más de una vez. En el mundo de la comunicación instantánea, la información también está globalizada y no hay motivo para asombrarnos de que los ciudadanos elijan y crean las falsas noticias, al menos por una razón poderosa: porque no creen en las verdaderas.

Fernando Sánchez Pintado

 



 

Comentario de Mariano Aísa

 

Tras leer las tres deliberaciones anteriores, todas fundamentadas y bien expuestas, me siento tentado a jugar en campo contrario. La razón es que, ante las, casi diarias, avalanchas de artículos y comentarios sobre la posverdad y sus sinónimos, siento una cierta perplejidad. De hecho, me parece que todos estos nuevos términos resultan innecesarios porque expresan simplemente la mentira, la mentira de siempre; esas falsedades, deformaciones y manipulaciones que los seres humanos, para obtener algún tipo de provecho, han acostumbrado a transmitir a los demás, y muy especialmente desde el poder, la política, la defensa de ideologías, o las simples prédicas religiosas.

Sí es una novedad que los sistemas de información y comunicación actuales son globales, instantáneos y apabullantes, y que, a través de ellos, efectivamente estamos siendo bombardeados y aturdidos por partículas informativas de todo tipo, que pueden generar efectos dañinos, en la misma medida que indiscutiblemente aportan notables beneficios.

Hay dos aspectos en este asunto que me inquietan especialmente: el primero se refiere a que, al menos en mi opinión, se está ampliando ese concepto de posverdad, en especial en el ámbito político, para aplicarlo a manifestaciones que simplemente no gustan, irritan, o están en contradicción con creencias o ideas políticas. La acusación de posverdad se convierte también en arma arrojadiza.

El segundo aspecto que me parece arriesgado es ese deseo de crear órganos nuevos, por encima de la melé, capaces de discernir entre lo que es verdad o falsedad, y de proponer sanciones al respecto.

Se podría decir, simplificando, que cuando uno se expresa ante los demás para tratar de persuadir lo hace mediante el uso de tres tipos de aseveraciones: 1) Verdades indiscutibles: “Ayer llovió en mi ciudad”, “La reciente moción de censura se ha efectuado por procedimientos legales”, 2) Mentiras comprobables: “El político fulano fue condenado por robo hace 20 años”, o 3) Opiniones: “Pienso que el partido X está plenamente corrupto”, “Creo que el marxismo es la solución definitiva para la humanidad”. Con frecuencia esas opiniones se expresan, intencionadamente, suprimiendo el “creo que…” o “pienso que…”, lo que da contundencia a la manifestación, pero no suprime su carácter de opinión. Expresiones como las citadas, o tantas otras, podrán provocar reacciones desde risibles hasta indignadas, pero no creo que puedan ser consideradas apropiadamente como posverdades. Tomando como ejemplo el caso paradigmático de los tuits del presidente Trump, se podrían encontrar manifestaciones de los tres tipos citados. pero, en rigor, fundamentalmente del tercero. El simple comentario, o sospecha, de que Obama pudiera ser un musulmán oculto podría considerarse como una auténtica felonía, pero dudo que se le pudiera dar el trato de falsedad constatada. Ni siquiera, aunque lo negara expresamente el propio Obama.

El asunto es que, si entendemos como posverdad una falsedad intencionada, deberá haber una correspondencia con una verdad indiscutible, y habrá que admitir que el concepto de verdad hay ido perdiendo campos de aplicación en épocas recientes. Aquellas verdades, reveladas por la divinidad o derivadas de la aceptación de meta-relatos, que daban por ciertas ideas abstractas, de las que no se pueden obtener evidencias empíricas, están claramente en baja. Y si prescindimos de las verdades formales derivadas de proposiciones lógicas, o de las correspondientes a hechos científicos plenamente aceptados, nos quedará solamente como verdad la referida a acontecimientos sucedidos, constatados a través de fenómenos percibidos y plenamente aceptados.

Versiones manipuladas de los hechos, y sometidas a una intensa propaganda, ha habido siempre, como mostraba detalladamente Guillermo Altares en un artículo (El País, 10 de junio). En este sentido, me voy a referir como ejemplo a un tema, el de la Leyenda Negra, sobre el que aparentemente se ha despertado un nuevo interés. (Por cierto, me resulta algo asombroso que los españoles actuales sintamos la necesidad de hacernos responsables, para vanagloria o bochorno, de lo que hicieron personas de hace 500 años, con creencias y culturas tan distintas de las actuales, por el hecho simple de que hubieran nacido en un entorno geográfico más o menos próximo al nuestro).

Respecto a la Leyenda Negra, podríamos decir que hay una verdad, o conjunto de verdades, basadas en hechos empíricos, plenamente aceptados y comprobados: “Los españoles gobernaron en territorios italianos y en los Países Bajos y conquistaron y colonizaron las Américas. Y en todos los casos, mantuvieron conflictos armados con los nativos u otras fuerzas extranjeras”. No habría duda de que el que negara estos hechos, planteados de esta forma tan sintética, incurriría en una falsedad voluntaria o involuntaria. Pero, a partir de ahí, durante siglos y con el pleno uso de los sistemas de información y comunicación de las épocas, se fueron desarrollando multitud de interpretaciones, acusaciones y justificaciones, en una gama que se extiende desde calificar a los que intervinieron y a sus dirigentes de genocidas hasta de héroes virtuosos.

La cuestión sería: ¿Dónde está aquí la verdad y dónde la posverdad? ¿Es válido el contenido en los libros de historia de los niños holandeses, o el de los niños españoles? ¿Sería posible que un órgano neutral, juicioso, y con una autoridad otorgada con justicia, pudiera pronunciarse y decidir qué es posverdad en este asunto? ¿O volviendo al tema del presidente Trump, quien puede determinar qué hay de falsedad o de simple opinión en sus tuits, entre tanta estupidez, bravuconería y amenaza?

Sinceramente, me da miedo de que, junto con las manipulaciones de los emisores de desinformación, acabáramos también siendo victimas de la manipulación de los controladores de posverdades. Y tampoco me hace feliz la propia definición de posverdad de la RAE, ¿Qué sentido se le quiere dar a “… que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales”? Eso es lo que hacen desde siempre gobiernos, partidos y movimientos políticos y sociales, sindicatos y empresarios, predicadores de religiones, editores de medios de comunicación, publicistas, lobbies de todo tipo. Quien esté libre de pecado…

Ahora bien, viendo u oyendo lo que dicen los políticos en sus debates en el Parlamento, en la televisión, en sus tuits, es irremediable preguntarse: ¿Debe la mentira en política tener un tratamiento distinto a la mentira en el mundo social normal?, y también: ¿Significa que nuestros políticos actuales son de peor calidad moral que los antiguos? ¿Se está encanallando o envilecimiento la gestión política?

Yo estoy convencido de que no hay nada nuevo bajo el sol, y que los políticos en los sistemas democráticos de los dos últimos siglos han recurrido a las mismas mentiras, falsedades de todo tipo, sofismas, omisiones voluntarias, eufemismos, tautologías etc.; es lo que los franceses vienen llamando desde hace mucho tiempo “la langue de bois”. Sinceramente no creo que eximios políticos como Disraeli, Clemenceau, Cánovas del Castillo o De Gaulle, fueran más sinceros en sus planteamientos y en su relación con la sociedad.

Los gobernantes han acostumbrado a mentir siempre a sus súbditos y, en cierta medida, éstos lo aceptaban, o se resignaban a ello. Ya Platón asumía el mentir “por el bien de la ciudad”. El hecho es que gobernar sin mentir sería inviable. No se puede decir, aunque seguro que algunos lo defenderían, que una elección de parlamentos y/o gobiernos por sufragio universal se estructure sobre verdades, sino que más bien es el resultado de un complejo, y hasta en cierta medida aleatorio, proceso de contraste de imágenes verbales y también visuales, de debates, aserciones retóricas, muletillas y eufemismos, comparaciones y abstracciones, deformaciones de la realidad, que permiten que unos ciudadanos formen opinión y decidan. Evidentemente, esos ciudadanos parten, para formar su criterio, de proyectos éticos y culturales personales -lo que Rawls llamaba las doctrinas comprehensivas particulares-  pero luego el proceso político adquiere una dinámica propia y concluye en algo que podríamos llamar modus vivendi. Y en ese proceso, no estoy seguro de que esas continuas deformaciones, requiebros o enmascaramientos a lo que podríamos llamar las verdades desde un punto de vista jurídico o moral sean muy condenables, sino más bien los artilugios de un juego inevitable.

Por otra parte, supongamos que los políticos tuvieran un gen que les obligara a decir siempre la verdad, sobre sus proyectos reales y sobre qué piensan realmente de los demás. Bien, está claro que la democracia sería imposible y todo acabaría en conflicto y quizás en violencia; nunca habría acuerdo. No creo pues que el término posverdad en política esté describiendo un fenómeno nuevo. Lo que sí ha cambiado, con la llegada de Internet y las redes sociales, es el efecto amplificador de este juego.

Pienso, como conclusión, que estamos hoy en día sometidos a un movimiento browniano de partículas informativas, verdaderas, falsas o simple opiniones, a veces con estructuras dañinas, y que los ciudadanos deberán ir aprendiendo a interpretar. Los Estados organizados tienen recursos legales, policiales y diplomáticos para proteger el honor y la intimidad de las personas, el mantenimiento de sus leyes y el equilibrio de sus sistemas democráticos, y deben usarlos. Pero creo que se está magnificando el efecto de las “posverdades” (posverdad sería todo lo que no nos gusta) y que un sistema organizado de filtrado de esas partículas informativas puede acabar en forzar la salvaguardia de “nuestras verdades y opiniones”, porque esas son “las verdaderas”, a costa de las de los “demás”.

Mariano Aísa

 

 

 

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