España o el triunfo de la Gironda, por Javier Otaola

Publicado en El Correo y El Diario Vasco el 4 de mayo de 2019

 

El resultado de las elecciones a Cortes del pasado día 28 de abril me confirman en mi convicción de que el período político, social y económico abierto por nuestra Constitución de 1978 —bajo cuyo benéfica Ley seguimos viviendo en la actualidad—es el momento histórico, desde hace al menos dos siglos, en el que hemos demostrado la mayor inteligencia colectiva y hemos logrado como nación, —a pesar de los pesares, que siempre los hay— la más larga y fructífera época de entendimiento, libertad política, desarrollo social y progreso económico. Sería pecado de lesa patria que después de estas cuatro décadas de progreso, por egoísmos sectarios, miopía moral y política no fuéramos capaces de dar continuidad a esos logros garantizando un futuro en la misma senda constitucional y afrontando las reformas precisas para asegurar y mejorar todo lo que de bueno hemos logrado.

Lo dicho no es incompatible con el reconocimiento de que algunos problemas políticos llaman perentoriamente a nuestras puertas, pero no tenemos que dejarnos intimidar, vivir es en definitiva tener problemas, y atreverse con ellos, a saber: padecemos un penoso encanallamiento del discurso político, efecto contagio del encanallamiento global que nos viene del trumpismo,  y hay síntomas de cansancio institucional que nos obligan a asumir a medio plazo pero en serio la necesidad de una reforma federalista de nuestra Constitución, no para dar satisfacción a ningún partido en particular sino para consolidar nuestro mejor Constitución a la luz de la experiencia institucional ganada en estas cuatro décadas.

La débil tradición liberal y democrática de nuestro país ha sido casi siempre —y mayoritariamente— de inspiración francesa y jacobina. Francia fue para generaciones de españoles el resumen y epítome de lo que significaba Democracia, era nuestra puerta hacia Europa. Eso fue especialmente cierto con la II República representada por hombres y políticos como, Alejandro Lerroux, Fernando de los Ríos, Jimenez de Asúa o Manuel Azaña. Aun así el jacobinismo republicano no pudo menos que vérselas con la realidad de nuestro país y tuvo que buscar una fórmula política de compromiso que denominó Estado Integral, es decir un unitarismo integral en lo ciudadano y nacional que al mismo tiempo reconocía relevancia política a ciertos territorios: Catalunya, Euskadi, Galicia…

La Constituyentes de 1978 tuvieron más suerte y más sabiduría histórica que los de 1931. Felizmente la Europa de 1978 no era tampoco la misma que 1931 en la que la democracia parlamentaria era vilipendiada y combatida fanáticamente por ideologías totalitarias de derecha y de izquierda, no era el tiempo de la crisis económica de 1929 que hacía estragos entre las clases medias y populares. Nuestra generación, en 1978 no estaba ya fascinada por el modelo jacobino francés que en el 31 parecía el único modelo a imitar, y descubrimos las virtudes pragmáticas de la monarquía constitucional— ejemplarizado en Gran Bretaña, Suecia, Noruega, Canadá…—, y el valor democrático de la minoritaria tradición revolucionaria francesa, afincada a orillas de río Gironde —los ríos son femeninos en francés: la Gironda—. Girondinos no es solamente el nombre de un equipo de fútbol, ni solo un monumento votivo en la hermosa ciudad de Burdeos que recuerda el valor y el sacrifico de algunos federalistas franceses; los girondinos fueron un grupo de unos 175 diputados, demócratas y federalistas de los 749 que componían la Asamblea de la Convención que gobernaron Francia durante los años 1792 y 1793, antes de la implantación del Terror Revolucionario aplicado por Robespierre.

Los Girondinos fueron revolucionariamente demócratas y sin embargo federales y monárquicos.

En la Constitución de 1978 apalabramos una ciudadanía que la Dictadura nos había robado, pero no una ciudadanía republicana y jacobina, sino parlamentaria y circunstanciada territorialmente — o sea, federalista y girondina—. La Constitución española de 1978, el desarrollo de su Título VIII y la sólida jurisprudencia del Tribunal Constitucional han dado lugar al día de hoy a un modelo de Estado que podemos calificar como federal: la mayoría de los autores, juristas y politólogos de todo el mundo lo califican así. Vivimos en un Estado federal que no se atreve a llamarse a sí mismo por su nombre, y que precisamente por eso no es capaz cohesionar un patriotismo federal, y un reparto competencial eficiente, que asegure el autogobierno de los territorios y la coherencia de la federación, que implemente una financiación responsable y equitativa para todos los territorios, que nos permita apalabrar una lealtad federal que nos incluya a todos.

Para que la reforma federal de nuestra Constitución comience en los años venideros a abrirse camino como deseable y posible debemos abrirla a un amplísimo consenso izquierda/derecha, y para ello tenemos que dar prioridad a la cuestión del federalismo respecto de otros debates colaterales. La reforma federal no conlleva la revisión de la forma del Estado —hay estados federales monárquicos y republicanos— y no debe tampoco identificarse con unas posiciones ideológicamente de “izquierdas”.   Paradójicamente, entre nosotros la vieja formulación del carlismo monárquico, poco sospechoso de izquierdismo, se reclama precisamente de la monarquía compuesta anterior a la Constitución de 1812 como una especie de federalismo tradicional.

El federalismo tiene que ser de todos o no será de nadie.

Como tiene escrito y bien fundamentado en antecedentes históricos, el profesor Alberto López Basaguren, la experiencia de la Constitución de 1978 y la historia de España nos demuestran que la Democracia y la salvaguarda de los autogobiernos territoriales están íntimamente unidas. No habrá entre nosotros autogobiernos territoriales que merezcan ese nombre sin una Democracia sólidamente asentada, pero también es verdad lo contrario: no habrá una Democracia que merezca ese nombre sin una estructura federal que reconozca y regule de manera efectiva sólidos autogobiernos de los territorios.

Vive la Gironde ¡

Javier Otaola

Escritor, abogado. Miembro de número de la Real Sociedad Bascongada de Amigos del Pais.

 



 

 

El espejismo federal, por Fernando Sánchez Pintado

 

Una aproximación teórica a la organización territorial del Estado que establece nuestra Constitución es más que recomendable en la situación actual, en la que nos enfrentamos a crecientes tensiones políticas que socavan las bases mismas de esta organización territorial e incluso las del propio Estado. Estas aportaciones teóricas son necesarias y pueden servir para analizar las insuficiencias de la organización autonómica y proponer soluciones que fortalezcan las instituciones o, al menos, reduzcan a términos razonables desde el punto de vista político los conflictos actuales. En este sentido, el modelo federal se presenta de manera recurrente como el más adecuado. Sus entusiastas defensores consideran que de facto el estado autonómico tiene componentes federales básicos, aunque para su correcta aplicación sea necesario dotarse de instituciones estatales federales de las que hoy se carece. En segundo lugar, modificar el Senado, cerrar el modelo autonómico delimitando definitivamente el ámbito competencial, establecer un nuevo sistema de financiación o reconocer peculiaridades y diferencias regionales de manera expresa, en suma, reformar la Constitución garantizaría un mejor funcionamiento de la administración del Estado. Y, por último, se supone que de esta manera se amortiguarían las tensiones centrífugas que hoy se han multiplicado y hasta se integraría, en alguna medida y por otros cuarenta años, a quienes han intentado, e intentan, romper el pacto constitucional.

Pero, como ocurre con los planteamientos teóricos en la vida política, la realidad es tozuda y no siempre se adapta a ellos. Previamente habrá que saber a qué federalismo nos referimos entre los múltiples que, por razones históricas y estructurales, son realmente existentes. Pero, ante todo, habrá que preguntarse si, hoy y en España, es posible. El principio originario de toda federación es la voluntad íntima y expresa de querer formar parte de ella, no considerarse una fracción separable, sino uno de los componentes que, como en una reacción química, modifican su estructura para dar lugar a un nuevo producto. En mi opinión, no se dan hoy las condiciones para emprender este camino y puede ser extremadamente peligroso hacerlo.

Sin pretender abordar el complejo problema del federalismo históricamente ni desde una perspectiva politológica, creo que ayuda a comprender su dificultad considerarlo, en los términos que estableció W.B. Gallie, como un «concepto esencialmente contestado», cuyas características principales consisten en ser conceptos basados en juicios de valor, de naturaleza abierta, que no pueden ser valorados mediante argumentación ni a partir de hechos de manera definitiva y, por tanto, no puede asignárseles un valor absoluto y universal. Ahora bien, que no sea posible una concepción absoluta válida para ellos no quiere decir que sean confusos y no respondan a problemas reales y aporten una interpretación válida, aunque teniendo siempre presente que esta atribución de valor es parcial (una determinada concepción de federalismo se encuentra siempre frente a otras que la niegan, configurando todas su sentido) y puede modificarse dependiendo de las circunstancias. En definitiva, si esta aproximación es pertinente y aplicable al federalismo, podemos preguntarnos de qué federalismo estamos hablando: si el federalismo que se propone, reiterativamente en los últimos años sin entrar a definir cuáles serían sus características y de qué manera se haría realidad, es la mejor forma de organización territorial porque responde a corrientes profundas e históricas para toda España; o bien, como ocurrió con el Estado de las Autonomías, es una fórmula nuevamente abierta y hasta cierto punto indefinible, que quiere generalizar un modelo teórico para evitar las diferencias con las autonomías llamadas históricas y, por consiguiente, siendo en apariencia ambos igual de federales, uno de ellos conduciría al mismo callejón sin salida en que nos encontramos.

También hay que tener en cuenta que los términos no son neutros y pueden responder a cambios notables en la valoración de las relaciones sociales. En este sentido, términos como unitario, central, uniforme o subordinado han sufrido una devaluación muy notable y son vistos con extremado recelo y, aunque obviamente no sean sinónimos, se reciben como tales y se aplican a distintos ámbitos atribuyéndoles connotaciones políticas. En la misma medida se han sobrevaluado los opuestos: diversidad, pluralidad, diferencia o autonomía. Con ello, sin embargo, entraríamos en un terreno distinto al del federalismo, un terreno en el que subyace la concepción de que el sujeto individual o colectivo es el único que tiene la auténtica vara de medir el valor, que consiste en aquello que es su identidad. No obstante, tenerlo presente puede ayudar a comprender el predominio de concepciones (políticas) que se emparentan con esta hipertrofia de la identidad, aunque parezcan muy alejadas, incluso a veces opuestas, de ese movimiento identitario que atraviesa la sociedad actual.

Ahora bien, el mayor problema al que nos enfrenta la propuesta de una reforma federal de la Constitución estriba, como decía, en saber si esto es posible. Es evidente que la situación en Cataluña no permite el menor optimismo al respecto. Desde 2012 se produjeron acontecimientos que cualquier lector de periódicos conoce de sobra: sucesivas declaraciones de soberanía, movilizaciones populares, creación de estructuras de Estado paralelas, aprobación de la ley ilegal «de transitoriedad jurídica y fundacional de la República», convocatoria de referéndum vinculante de autodeterminación y declaración de independencia de Cataluña en octubre de 2017. Nadie duda de que durante estos años se siguió un camino prefijado de antemano con la finalidad expresa de proclamar la independencia unilateral (a no ser que el Estado español la «concediera» voluntariamente). También es obvio que se ha transgredido la Constitución, el Estatuto de Autonomía y varias leyes. Sin entrar en la calificación que merezcan en términos penales los responsables del llamado proces, sería de una ingenuidad mayúscula suponer que estos mismos responsables, que sostienen que por encima de la Ley está la voluntad del pueblo catalán, considerarán suficiente y provechoso o, al menos, aceptable una reforma de la Constitución que no puede necesariamente dejar de plasmar que la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, y que la soberanía nacional reside en el pueblo español. Es necesario ser tan directo y limitativo cuando se habla de reformar la Constitución en un sentido federal, porque, si olvidamos la realidad, es decir que fuerzas políticas con alta implantación en un territorio niegan el elemento fundacional de la Constitución, estaríamos dilatando el problema, o tal vez agravándolo. Puede argüirse que es posible negociar y llegar a situaciones intermedias, pero en ese caso me temo que estaríamos en lo que señalaba más arriba, en una especie «nueva» de federalismo (como lo fue el Estado autonómico) que podría ser una vía de ruptura de la propia Nación española.

Este es el escollo esencial, pero si se pretendiera y fuera posible llegar a una modificación menos drástica que la de los independentistas, aunque dándoles un trato privilegiado, nos encontraríamos con otros problemas. Podemos llamarlo por contagio, como sabemos después de casi cuarenta años de autonomías. No es necesario extenderse en ello, basta transcribir la Disposición Adicional Segunda del Estatuto de la Comunidad Autónoma de Valencia: «Cualquier modificación de la legislación del Estado que, con carácter general y en el ámbito nacional, implique una ampliación de las competencias de las Comunidades Autónomas será de aplicación a la Comunitat Valenciana, considerándose ampliadas en esos mismos términos sus competencias».

Creo que en política hay que conjugar decisión y prudencia y, en ocasiones, la prudencia debe predominar y adoptar medidas que, aun siendo parciales o dolorosas, al menos mejoren la salud. Porque no debemos olvidar que para que se pueda hablar de federación es necesario que las partes federadas lo quieran y acepten las normas con las que se constituye, sin que haya voluntad, que no sea la general, que pueda modificarlas. En ciertas condiciones sociales, algunas concepciones políticas válidas en sí mismas pueden ser un espejismo.

Fernando Sánchez Pintado

 



NOVEDAD: La propuesta de una España federal, por José Lázaro

 

El tema planteado por Javier Otaola y comentado por Fernando Sánchez Pintado supone una cuestión básica sobre la que me gustaría pedirles alguna precisión, especialmente a Otaola.

En su artículo inicial defiende “la necesidad de una reforma federalista de nuestra Constitución” y al mismo tiempo señala, como es habitual, que “la Constitución española de 1978, (…) ha dado lugar al día de hoy a un modelo de Estado que podemos calificar como federal: la mayoría de los autores, juristas y politólogos de todo el mundo lo califican así. Vivimos en un Estado federal que no se atreve a llamarse a sí mismo por su nombre”.

En este punto es posible sentir cierto desconcierto, pues si la Constitución vigente ha diseñado un Estado autonómico que de hecho es un “Estado federal que no se atreve a llamarse a sí mismo por su nombre”, bastaría con cambiarle el nombre para resolver el problema, lo cual es absurdo.

Otaola matiza, con razón, que hay estados federales monárquicos y republicanos, por lo que no cuestiona ese punto, y que además el federalismo es compatible con ideologías de izquierdas y de derechas (como el viejo carlismo monárquico, que considera una especie de federalismo tradicional). Tampoco ahí, por tanto, habría nada que cambiar.

Pero también hay en el planteamiento de Otaola afirmaciones concretas sobre los cambios beneficiosos que debería garantizar la reforma federal que él defiende: “Un reparto competencial eficiente, que asegure el autogobierno de los territorios y la coherencia de la federación, que implemente una financiación responsable y equitativa para todos los territorios, que nos permita apalabrar una lealtad federal que nos incluya a todos”.

Por consiguiente la propuesta concreta de Otaola es una nueva modificación de las competencias estatales y autonómicas y de la correspondiente financiación, de la que se derivarían todos los efectos positivos mencionados en su texto. Y sin embargo yo tenía la impresión de que precisamente modificaciones de competencias y financiación es lo que se ha venido haciendo una y otra vez desde 1978, en agotadoras negociaciones entre el Estado y las Autonomías que sin embargo no han logrado producir esa satisfacción generalizada y esa lealtad mutua entre todos los españoles.

De ahí la cuestión que yo le plantearía a Javier Otaola aunque solo sea por prolongar el placer de leerlo: ¿Cuáles son, concretamente, esas modificaciones que resolverían el problema? ¿Cuáles, exactamente, las diferencias entre la Constitución vigente y la nueva Constitución federal que él propone? ¿Cuáles, precisamente, esas modificaciones que dejarían a todos los españoles contentos y satisfechos de la organización estatal?

 

José Lázaro

 



NOVEDAD: La magia de las palabras, por Mariano de las Nieves

 

Como muy bien dice F. Sánchez Pintado, los planteamientos teóricos en la vida política no siempre resisten la prueba de su aplicación real.

Recordando este sano principio, la palabra “federalización”, como mantra que posibilitaría la solución a los importantes problemas territoriales que tiene planteados la democracia española, merece una reflexión que me parece deseable sea, a la vez, sucinta y radical.

Hay un primer aspecto que a pesar de ser tan sabido es sistemáticamente soslayado. La federación supone la existencia de entidades independientes que buscan agruparse bajo una autoridad (federal) que los homogeneice y los unifique y dicha autoridad federal ha de estar investida de poder tanto regulatorio como ejecutivo en los ámbitos que le son propios. No hay que negar de plano la posibilidad de que algo unitario se federalice pero surge el problema de cómo eso que es unitario se disgrega primero para unirse después.

Por eso hay que hablar claro si se pretende deliberar con cierta solvencia.

La “federalización” en España partirá de asumir que hay ya entidades soberanas diferenciadas de facto, pero no de iure, y que el proyecto federalizador será simplemente elevar a la categoría de legal lo que ya es una realidad (social o política, tanto da). A partir de ese reconocimiento de soberanía de las partes se podría iniciar un movimiento hacia la unión federal de las misma, supuesto (casi todo en la federalización se supone) que las partes previamente diferenciadas quisieran hacerlo. Y aquí también se supone (no se dice con claridad) que el estado autonómico ya hizo dicha diferenciación en la medida en que cedió soberanía. Es lógico que el irredentismo catalán y vasco (seguido de lejos, con cierta timidez, por el gallego) partan de esa base a la que añaden un concepto, difuso y difícil de precisar, que son los llamados “derechos históricos”. Clara y persistentemente lo llevan diciendo desde la Transición misma. Pero estaríamos fuera de la realidad si pensáramos que dicho punto de partida es común para todos los españoles “federalizables”. ¿O solo se federalizarían algunos sí y otros no?

Las autonomías (estructura prácticamente irreversible que satisface a muchos y que, si vamos al fondo de la cuestión, está ayuna de racionalidad al confundir la descentralización de la gestión con la cesión de la planificación, incluida la planificación política) se pensaron inicialmente como una forma de federalización asimétrica “light”, pero pronto a algún “genio” de los que creen que solo ellos son listos y que los demás lo son menos, se le ocurrió el truco del “café para todos”.

Los resultados están a la vista desde el primer día y al grito de “idiota el último” todos (incluso aquellos a los que nunca se les había pasado por la cabeza) se lanzaron por la pendiente del maximalismo más o menos explícito y lo que fue una ocurrencia que se hizo para aplacar algún lobo suelto, se convirtió en una especie de reinos de taifas en continua pugna con un poder central en retroceso diario.

Y entonces las autonomías se dividieron en dos tipos muy concretos: unas mantenían una clara lealtad hacia el esquema constitucional (entre otras cosas porque eran un regalo inesperado) y otros lo cuestionaron desde el primer momento por que no eran lo que querían.

Fundamentalmente querían ser distintos. ¿Por qué querían ser distintos? Por que se sentían (se sienten) mejores. Quien a estas alturas no admita que la base de esa distinción hay siempre un supremacismo difusamente racista está negando una realidad cuya mención, lo reconozco, es tan políticamente incorrecta como palpablemente real. Nace así el nacionalismo radical y su inmediata consecuencia, el independentismo. Sus adornos históricos son una simple forma de vestir al santo. Pero lo han vestido y las barbaridades increíbles que se han dicho sin que nadie les prestase mayor atención puede que hagan sonreír a los historiadores pero calan en el pueblo llano.

¿Para qué seguir el relato de lo pasado y de lo presente?

Pero se puede y se debe seguir deliberando sobre las consecuencias ocultas de la civilizada “federalización”, sobre su extraña naturaleza centrífuga frente al centripetismo de lo conceptualmente federal, sobre la exigencia de la lealtad imprescindible en estos procesos, sobre la necesidad del imperio de la Ley común, sobre la insaciabilidad intrínseca del irredentismo separatista, sobre el paso insensible de la federalización hacia la confederación y de ahí a la doctrina de los Estados Libres Asociados, sobre la coartada (o la solución) de Europa como punto de encuentro, sobre los teóricos de la desaparición de las nacionalidades, sobre los efectos sobre el cambio de régimen y una larguísima lista de etcéteras que hacen que hablar de federalizar España no pueda (ni deba) despacharse en una enunciación bienintencionada.

Prosigamos, pues, la deliberación. Sin juicios a priori pero sin simplificaciones suicidas.

 

Mariano de las Nieves

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