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Sociedad

Monarquía o República

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Monarquía o República, Ricardo Moreno Castillo

Sostiene Jon Juaristi en su libro A cuerpo de rey: Monarquía accidental y melancolía republicana que “La monarquía constitucional española no se ha sostenido sobre el fervor monárquico de la población, sino sobre un accidentalismo pragmático que ha comenzado a diluirse”.

La proclamación del rey Felipe VI abrió de nuevo el debate entre monarquía o república. En este artículo explicaré dos cosas: las razones por las que pienso que es preferible una república y las razones por las me parece (precisamente en nombre de ese accidentalismo pragmático) que plantear un cambio está ahora absolutamente fuera de lugar..

Vamos con lo primero. La elección del jefe del ejecutivo es por sufragio universal indirecto, esto es, se elige un parlamento que a su vez elige al jefe del gobierno. Esto requiere en ocasiones pactos entre partidos en los cuales poco pueden intervenir los ciudadanos, que a veces sienten que a sus espaldas se trafica con sus votos. Esto es muy de lamentar pero inevitable, porque los pactos son esenciales en la democracia. Cuando se carece de mayoría absoluta para gobernar es necesario pactar, lo cual significa hacer ciertas concesiones y renunciar a cumplir algunas promesas electorales. Una solución, se oye decir con frecuencia, es que gobierne la lista más votada. Y ciertamente, eso parece en principio lo más deseable. Pero pueden darse circunstancias que aconsejen lo contrario. Supongamos que el partido más votado es de centro derecha, pero que la suma de los votos de los partidos de izquierda les permite controlar más de la mitad del parlamento. A un gobierno de derechas le sería imposible gobernar en estas condiciones, y la única salida posible sería que pactaran las izquierdas. Incluso podría suceder que, en casos excepcionales, el jefe del ejecutivo fuera del partido menos votado. Si hay tal equilibrio entre derechas e izquierdas que deciden gobernar en coalición, ese gobierno podría estar presidido por alguien de un partido minoritario de centro. Hay precedentes: recordemos cuando el ayuntamiento de Madrid estuvo presidido por Agustín Rodríguez Sahagún, del Centro Democrático y Social, que tenía menos ediles que el Partido Socialista o el Partido Popular. Es cierto que fue a raíz de una moción de censura cuya oportunidad no es cosa de discutir ahora, pero sí es bueno recordar que aquello no resultó ser una mala solución, y que Rodríguez Sahagún dejó un buen recuerdo como alcalde de equilibrio y consenso.

Entonces, dado que los pactos son intrínsecos a la democracia, ¿cómo se podría de alguna manera paliar o compensar esta sensación que tiene la gente corriente de que, una vez hemos votado, se negocia con nuestros votos sin nuestro consentimiento? Pues equilibrando la existencia del poder ejecutivo (elegido por sufragio universal indirecto) con la de un poder moderador elegido por sufragio universal directo. Con una jefatura del estado efectiva, no puramente simbólica, esto es, con una república. No me refiero a una república presidencialista (como la de EEUU, en la que el jefe del Estado es el jefe del Gobierno) ni semi-presidencialista (como la de Francia, en la que el presidente goza de algunos poderes ejecutivos), sino a una república no presidencialista, en la cual el jefe del Estado tiene un poder moderador real (no como el del rey, valga la paradoja, cuya actuación como árbitro es puramente protocolaria). Esto significa que habla con unos, habla con otros, propone acuerdos y decide si es o no oportuno disolver con antelación el parlamento. Esto es muy importante: en una república el jefe del gobierno ha de responder ante un parlamento que no puede disolver según su conveniencia política. Si se queda sin apoyos parlamentarios, ha de poner su cargo a disposición del presidente, que es quien ha de decidir lo que se debe hacer. Estoy pensando, por supuesto, en repúblicas como Portugal o Austria, en las que el presidente es elegido por sufragio universal a dos vueltas, y no en repúblicas como Alemania o Israel, en las que el presidente lo elige el parlamento y es una figura casi tan decorativa como un rey constitucional

Otra ventaja de una república está en que la institución no es dañada por lo que pueda hacer un familiar del jefe del Estado. Si delinque un yerno del presidente, a lo mejor éste debe dimitir, por no haber estado al tanto de los manejos de aquél, pero el prestigio de la institución sigue incólume. En cambio, si esto sucede con el yerno de un rey, por mucho que sea apartado de la Casa Real, y juzgado y castigado como un ciudadano cualquiera, sigue siendo padre y cónyuge de personas que están en la línea sucesoria, y la reputación de la monarquía queda inevitablemente en entredicho. Y no hace falta llegar al delito. Los miembros de las familias reales, entre que no siempre tienen la cultura que sería de desear y que siempre tienen detrás a los reporteros de las revistas del corazón, hacen a veces más tonterías de las que deberían, tonterías que desprestigian y a veces desestabilizan las monarquías.

Es verdad que entre los diez o doce países más prósperos y estables, más de la mitad son monarquías. Cierto, pero han sido la prosperidad y estabilidad las que han mantenido las monarquías, y no al revés, porque en un país próspero y estable a nadie se le ocurre cambiar de sistema político. Y es claro que el tiempo va en dirección a la república. Si pudiéramos resucitar dentro de doscientos años, no sé si veríamos a Suecia o Inglaterra convertidas en repúblicas. Pero estoy muy seguro de que no veríamos a Estados Unidos ni a Francia convertidas en monarquías.

Y ahora voy con lo segundo. Aclarado que soy republicano, pienso que los argumentos que se han esgrimido a favor de un plebiscito para decidir entre monarquía o república parecen poco sólidos, cuando no sencillamente delirantes.

Uno de ellos, el que el tal plebiscito, cuando tendría que haber sido hecho, no se hizo. En efecto, así es. Tanto Italia como Grecia, cuando derrotaron al fascismo, decidieron por voluntad popular entre la monarquía o la república. Pero las circunstancias en España fueron diferentes, porque el fascismo se extinguió con el dictador, pero las estructuras de poder que lo sostenían, si bien muy minadas, seguían allí. Tal plebiscito hubiera sido absolutamente desaconsejable, y así lo entendieron los españoles, que aprobaron mayoritariamente la constitución. Una constitución en la cual la monarquía no era una clausula secreta, de manera que todos los que la votaron sabían muy bien lo que hacían. Y como las constituciones están hechas para durar, no se deben cambiar si no hay muy serias razones para ello, y la monarquía ha funcionado hasta ahora razonablemente bien.

Hay quienes exigen un plebiscito porque, por edad, no pudieron votar la constitución. Es verdad, ningún español más joven de cincuenta y cuatro años ha podido votar la constitución. Pero también es verdad que ningún francés más joven de setenta y cuatro ha podido votar la suya, ni ningún alemán más joven de ochenta y tres ha votado la suya, y ningún norteamericano vivo ha votado la suya. Este argumento, el de que se ha de hacer un plebiscito entre monarquía y república porque “yo no pude votar en su día” se ha escuchado incluso en el parlamento. Uno, en su candor e inocencia, suponía en nuestros diputados un cierto nivel de cultura política: ¿es que cada vez que una nueva generación alcanza la mayoría de edad se han de revisar las leyes que no ha tenido ocasión de votar? Un poco de seriedad, por favor.

Pero, a mi juicio, el argumento más claro para desaconsejar el tal plebiscito es el siguiente: el apoyo a la monarquía sería abrumador. En contra de lo que piensa Juaristi, el fervor pragmático está todavía lejos de diluirse. Y es del género tonto por parte de los republicanos plantear una consulta que perderían estrepitosamente y de la cual saldría una monarquía más fuerte y prestigiada. ¿Por qué el resultado es tan claramente previsible? Porque la monarquía da cierta sensación de seguridad, sobre todo en momentos de crisis, porque hasta ahora los monarcas están ejerciendo sus reales quehaceres con prudencia y sensatez, porque son bien parecidos y porque se hacen querer. Y todo esto tampoco es malo.

¿Y cuándo llegará el momento de proponer el cambio? Pues cuando la corona caiga en la cabeza de un botarate que desprestigie hasta tal punto la institución que el deseo de una república se haga mayoritario. Y esto ni es deseable (ya hay bastantes botarates entre quienes no ciñen corona) ni es previsible a corto plazo. El actual rey ha sido muy bien preparado para su oficio y, hasta donde se puede colegir, parece que las infantas están siendo también muy bien educadas. Muy probablemente, no veré en España ninguna república, pero no lo sentiré demasiado. Por razones de edad, tampoco veré entronizada a la actual princesa de Asturias, y eso sí que me da un poco de pena. No porque no desee larga vida al rey actualmente reinante, sino porque me haría mucha ilusión una reina con un nombre tan sonoro como Leonor I de Borbón, que suena casi tan bien como Leonor de Aquitania.

No, mis ojos no verán ninguna de las dos cosas. Pero no importa. Si cuando llegue mi hora España ya no es un país tan internamente desgarrado por la corrupción ni por la estupidez nacionalista, creo que podrá cerrarlos serenamente y en paz.

Referencia bibliográfica: J. Juaristi: A cuerpo de rey. Monarquía accidental y melancolía republicana, Barcelona, Ariel, 2014.

Ricardo Moreno Castillo



Comentario a “Monarquía o República”, Rafael Spottorno

Me gustaría realizar algunas reflexiones sobre el texto Monarquía o República, de Ricardo Moreno.

En mi opinión, sus argumentos no animan demasiado a defender la forma republicana de Estado pero tampoco inducen a concluir que plantear ahora un cambio esté absolutamente fuera de lugar. Entiendo que esos dos son los temas centrales del artículo y pienso que en la defensa de ambos su autor se ha quedado en la periferia. Defiende la república porque permite “equilibrar la existencia del poder ejecutivo (elegido por sufragio universal indirecto) con la de un poder moderador elegido por sufragio universal directo”, argumento cuando menos incompleto, pues evidentemente no es aplicable a la forma de Estado republicana sino a un determinado tipo de república, aquella en la que el presidente es elegido por sufragio universal, que no es el caso de todas. El autor muestra su preferencia por una república “no presidencialista, en la cual el jefe del Estado tiene un poder moderador real (no como el del rey, cuya actuación como árbitro es puramente protocolaria)”. No me parece un argumento muy sólido en defensa de la república. Entendería la defensa de una república presidencialista al estilo, con sus matices, norteamericano o francés, pero no entiendo bien por qué me tiene que gustar más una república no presidencialista que una monarquía parlamentaria, simplemente, como dice el autor, porque su poder moderador “significa que habla con unos, habla con otros, propone acuerdos y decide si es o no oportuno disolver con antelación el parlamento”. El rey de una monarquía parlamentaria también “habla con unos, habla con otros y propone acuerdos”. En cuanto a que un presidente de república no presidencialista pueda decidir si es o no oportuno disolver el parlamento, es una afirmación que la realidad —generalmente dura y poco generosa—— matiza y en ocasiones desmiente tanto en la teoría como en la práctica.

Otra ventaja que ve el autor en la república es que lo que pueda hacer un familiar del jefe del Estado no daña a la institución mientras que “si esto sucede con el yerno de un rey (…) la reputación de la monarquía queda inevitablemente en entredicho”. Solo a modo de recordatorio: el Príncipe Bernardo de Holanda, marido de la Reina Juliana, reconoció, amén de la existencia de dos hijas ilegítimas, haber aceptado un soborno de más de un millón de dólares de la empresa Lockheed. El Gobierno no lo llevó a los tribunales únicamente porque la propia Reina amenazó entonces con abdicar si lo juzgaban. Su hija, la Reina Beatriz, ha sido una soberana popularísima y su nieto, Guillermo Alejandro, accedió al trono hace pocos años en unas ceremonias que sacaron a la calle a millones de holandeses enfervorizados vestidos de naranja, en honor a la dinastía Orange. Como se ve, al menos en Holanda la reputación de la monarquía no quedó inevitablemente en entredicho por la andanzas delictivas, no del yerno, sino nada menos que del consorte de la Reina.

En otro país, Bélgica, son bien conocidas las vidas desordenadas de los hasta hace poco reyes Alberto y Paola cuando eran Príncipes de Lieja, por no hablar de las andanzas de su hijo Laurent. Bélgica, en inestable equilibrio y con comunidades enfrentadas, se sostiene hoy entera, a juicio de la mayoría de los observadores, gracias a su monarquía. En el Reino Unido, las pifias y torpezas cometidas por unos u otros miembros de la familia real, incluyendo a la Reina aquel annus horribilis de 1992 no solo no destruyeron la reputación de la vieja y respetada monarquía británica, sino que diez años después, en 2002, los espectaculares fastos del Golden Jubilee mostraron al mundo que al menos en algo tenía razón el Rey Faruk cuando hizo aquella predicción de que en cien años solo quedarían cinco reyes, los cuatro de la baraja y la reina de Inglaterra. Ésta sigue más firme que nunca, con sus locas nueras, sus pintorescos hijos y su discutido marido. Conclusión: es seguro que la monarquía y su sentido no se pueden despachar con unos trazos gruesos sobre yernos, revistas del corazón y cosas así.

Se extiende luego Moreno sobre las razones que desaconsejan un plebiscito sobre la monarquía y da dos argumentos, ambos a mi juicio poco consistentes: uno, que en la Constitución que votamos los españoles en 1978 la monarquía no estaba contenida en ninguna cláusula secreta, así que los que la aprobamos por amplísima mayoría sabíamos lo que hacíamos. Dos, que en un plebiscito el apoyo a la monarquía sería abrumador. El primer argumento es sin duda cierto, aunque no tiene por qué excluir que sea defendible querer someter a votación singular la monarquía como forma del Estado español. El segundo no me parece ni siquiera mencionable porque, en primer lugar, eso no lo sabe nadie y, luego, porque no parece un argumento demasiado democrático considerar “del género tonto” plantear una consulta que se puede perder, porque todas se pueden siempre perder.

Creo que el artículo de Moreno parte de un vicio de origen, o de un error de apreciación, que está ya enunciado en sus primeras palabras: “La proclamación del rey Felipe VI abrió de nuevo el debate entre monarquía o república”. Esto no es así, con todos los respetos. Al contrario, si desde partidos a la izquierda del PSOE (y en grupúsculos de la derecha, herederos de aquellos jonsistas que en los años 30 cantaban lo de “que no queremos reyes idiotas que no sepan gobernar”) se ha estado azuzando ese debate en los últimos años, la abdicación de Juan Carlos I y la proclamación de Felipe VI lo ha enterrado, al menos por ahora. A mi juicio ha sido siempre un debate nominalista y estéril pero, en fin, cada uno está en su derecho a plantear lo que le parezca. Como escribió hace tiempo Juan Carlos Rodríguez Ibarra en un artículo periodístico, lo máximo que puede conseguir ese debate es anunciar un cambio de régimen, sustituyendo la monarquía por la república, pero sin aclarar a qué tipo de república se pretende llegar, de tal modo que de la certeza de la monarquía parlamentaria hemos llegado a la indefinición de la república.

El artículo 56 de la Constitución dice que “el Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia”. Remito a las inteligentes reflexiones de Javier Gomá o de Gaspar Ariño sobre los conceptos capitales de símbolo y de mito político para entender bien lo que es la monarquía. Y termino con una cita que me parece esclarecedora a este respecto, de Javier Gomá: “La entrega de la máxima magistratura del estado a una familia y a sus descendientes solo cabe considerarla democrática, aun siendo voluntad del pueblo, a condición de que éste retenga la integridad de su soberanía y que, en consecuencia, la posición estatutaria del rey no lleve aparejada ninguna cuota de poder coactivo, ni legislativo ni ejecutivo ni judicial, y solo ostente un valor simbólico. De manera que en la cúspide del Estado, esa escala de poder coactivo creciente, en el lugar en que uno esperaría una apoteosis de fuerza y decisión, luce un símbolo desnudo”.

Rafael Spottorno



Felipe VI y las legitimidades, F. Sosa Wagner

Artículo publicado en el diario El Mundo el día 23 de octubre de 2017. 

En varias ocasiones hemos oído al portavoz de Unidos Podemos realzar su propio respaldo entre los ciudadanos expresado en las urnas para, a renglón seguido, descalificar a don Felipe VI por “no haber sido elegido”. Aunque la afirmación procede de un político que a veces se manifiesta de forma tan vehemente como infundada, conviene meditar sobre el alcance de su afirmación y el apoyo que le sirve de peana.

Y que, para no perdernos, se puede formular con gran simplicidad: el único origen del poder en un sistema democrático es el voto cuyo titular es el ciudadano. Es así que el rey en una monarquía hereditaria no ha sido elegido por nadie, luego nadie puede tomarse en serio su autoridad ni su pretendida superioridad institucional. Me propongo demostrar la falsedad de tal afirmación, al menos cuando se la presenta de esta forma superficial y ayuna de matices.

Cierto es que en una democracia el apoyo electoral es el ingrediente básico que determina la atribución del poder. Cuando se empieza a desplomar la idea de que la legitimidad del monarca procede de Dios, y al evocar esta conquista preciso es musitar una oración de agradecimiento a los pensadores del Renacimiento, de Maquiavelo para acá, se van abriendo paso otras concepciones que llevan a la construcción del Estado, que será absoluto en el pensamiento de Hobbes y que empieza perezosamente a vislumbrarse como democrático en Locke, en Montesquieu o en Rousseau. En todos ellos tropezamos con el gran invento del contrato o pacto social que supone la libre decisión de un pueblo para atribuir el poder a un hombre o a una asamblea conjurando por esta vía peligros y evitando que los individuos se entreguen a asestarse dentelladas a diario con sus vecinos.

Las revoluciones americana y francesa pondrán las bases de todo lo demás y ello es bien conocido: la separación de poderes más los derechos y libertades de los individuos. Por su parte, la democracia, es decir, la atribución del poder al pueblo por medio de elecciones, se irá adentrando poco a poco en la modernidad: desde el voto censitario hasta el sufragio universal masculino, luego femenino, etc. Y en ello estamos. Del “Estado soy yo”, que pregonaba Luis XIV a finales del siglo XVII, hasta la finura de la “volonté générale” rousseauniana —ya entrado el XVIII— y su comprensión como la verdadera voluntad, justa y razonable, del pueblo, hay todo un mundo en la comprensión de nuestra convivencia según pautas que, pese a su antigüedad, aún siguen lozanas.

Porque sobre ellas se edifican los cargos representativos de los Estados modernos: los parlamentos, los presidentes de República o los Gobiernos que se forman tras los procesos electorales. Y lo mismo procede decir respecto de las corporaciones locales, los Estados federados o las regiones, etc., allí donde existan.

Todos ellos traen causa, como le gusta al portavoz del grupo Unidos Podemos, del voto emitido libremente en las urnas por los ciudadanos: a más votos, mayor posibilidad de participar en las decisiones; a menos, mayor soledad y más mustia lejanía de los centros del poder.

Pero para que “los muchos no puedan mucho” como quería el rey romano Servio Tulio, para que “le pouvoir arrête le pouvoir”, según prefería Montesquieu, o para conjurar la tiranía del pueblo, que describía Adams desde América, las Constituciones se han inventado ingeniosos instrumentos.

Y así vemos cómo ese mismo Estado que cultiva —devoto— el voto alberga en su seno nada menos que un poder, el judicial, que no gira en torno a la urna pues quienes lo administran han sido seleccionados en virtud de sus conocimientos. En ningún caso elegidos y, cuando lo son a través de una elección indirecta, caso de los magistrados del Tribunal Constitucional, la ley se ocupa de limitar con exactitud quienes pueden participar en la selección: catedráticos, funcionarios de los altos cuerpos del Estado, etc. Es decir, tan solo profesionales muy cualificados.

Por donde se nos cuela otra fuente de legitimidad en las sociedades democráticas a colocar junto al voto popular: a saber, la competencia profesional o técnica. Es verdad que las Constituciones emplean expresiones como “la justicia emana del pueblo” (art. 117 de la española) o “todos los poderes del Estado proceden del pueblo” (art. 20.1 de la alemana) pero ello no significa sino que existe una cadena que liga, aunque sea de forma remota, el nombramiento de todo servidor del Estado democrático con el pueblo. Pero una elección popular de los jueces no existe en el continente europeo. En España, por lo demás, la justicia “se administra en nombre del Rey” (artículo 117.1 de la Constitución), igual por cierto que decía la Constitución de 1812 (art. 257) o la de 1869 (art. 91), por citar dos muy diferentes, y la de la II República de 1931 prescribía que esa función se haría “en nombre del Estado” (art. 94).

Avancemos en el razonamiento para consignar que en el mundo moderno, junto a las organizaciones tradicionales del Estado, han surgido decenas de entes, institutos, agencias que se ocupan de dirigir, administrar o vigilar concretos sectores de la acción pública: las telecomunicaciones, los mercados, la radiotelevisión, la seguridad nuclear, la protección de datos… Se les llama precisamente “Administraciones independientes” porque en ellas se desea que esa cadena con el pueblo propiamente dicho y sus representantes sea lo más débil posible. ¿Por qué? Para asegurar el ejercicio, libre de influjos políticos, de sus cometidos y funciones. Un objetivo que solo se puede asegurar si las apartamos de la influencia de gobiernos, ministros, diputados, etc., y confiamos los nombramientos de sus directivos y la selección de su personal a procedimientos técnicos para que puedan actuar después con la mayor neutralidad posible.

El caso de los Bancos centrales —como el del Banco central europeo— y su obligado alejamiento de las decisiones políticas es el paradigma de lo que vengo sosteniendo.

Por tanto ya tenemos conviviendo a dos legitimidades: la del voto, básica en una sociedad democrática, y la de la competencia profesional. No olvidemos que ya Hobbes dejó consignado que “nadie es buen consejero sino en los negocios donde está muy versado … lo que no se obtiene más que con estudio”.

Vayamos con la última legitimidad, la que afecta a una institución singular en algunos países como es la del rey hereditario, caso de los Borbones en España.

Provoca mucho enfado en aquellos compatriotas —como el portavoz de Unidos Podemos— que no admiten que alguien pueda ostentar un poder cuya razón de ser es preciso buscar entre los renglones de un relato antiguo, cubierto incluso por telarañas, encorvados sus protagonistas bajo el peso de batallas e intrigas. Personas que desconocen, como diría un legitimista del siglo XIX, la magia y el brillo de la diadema real.

Pero no hay, en puridad, ningún arcano si admitimos que la historia es un paisaje en el que predominan las anfractuosidades, un río pleno de meandros y que, como nos enseñaron los clásicos, apenas hay una monarquía o una república cuyos orígenes puedan justificarse en conciencia. En la Unión Europea hay siete monarquías, alguna nacida de la propia voluntad de los revolucionarios que alumbraron el país, caso de Bélgica; otras cuyas testas coronadas se surtieron del exceso de oferta existente en los principados alemanes, casos de la monarquía inglesa o incluso danesa … Curioso es un país como Suecia; ¿alguien le negaría su condición democrática? Pues el jefe del Estado, el rey actual Carlos XVI Gustavo, es el descendiente de un mariscal del Ejército de Napoleón que se llamaba Bernadotte, algo así como si entre nosotros hubiera arraigado la monarquía de José I.

Alejémonos pues de los tópicos y preguntemos con sencillez ¿no es bueno que al menos un cargo —de la máxima dignidad— esté sustraído a la contienda electoral?; ¿no enseña la experiencia que entre las personas a las que votamos se nos cuela algún que otro botarate?; ¿por qué hemos de renunciar a que nos represente el descendiente de una familia llena de blasones (y de miserias como todas las familias), un joven que ha recibido una educación esmerada, habla idiomas y maneja con soltura los cubiertos del pescado? Y por último, ¿ganaríamos algo sustituyendo a don Felipe por algún personaje de nuestro tablado político?; ¿no se ha acreditado este monarca como sólido defensor de una España democrática y constitucional en sus intervenciones recientes sobre la crisis catalana?

De donde resulta que, en esta realidad irisada, veo conviviendo tres legitimidades como tres son las personas que conviven en el misterio de la Santísima Trinidad. Pues ¿no es al cabo un misterio la democracia misma?

Francisco Sosa Wagner



La legitimidad de la Monarquía por Manuel Aragón

Publicado originalmente en El País, 20-02-2020

Por encima de la familia o de los afectos personales está el exacto cumplimiento del deber y la irrenunciable ética pública que han de acompañar a la Corona y a sus titulares. Así lo exigen los tiempos y la Constitución

La legitimidad de origen de la monarquía, como forma política en la que un rey es el jefe del Estado, proviene del regular acceso hereditario a la Corona. Esa característica es genuina e indisociable de la monarquía. Sin embargo, en la monarquía parlamentaria, que es la única fórmula que hace compatibles monarquía y democracia, esa legitimad dinástica, que tiene sus virtudes en cuanto a la estabilidad estatal, va acompañada, necesariamente, de otra legitimidad de origen, de tipo indirectamente democrático: la que se deriva de estar prevista en una Constitución emanada de la voluntad popular, que ha descargado de poderes autónomos al rey y únicamente le ha confiado una función de auctoritas de carácter simbólico y moderador amparada en su obligada neutralidad política y su exclusivo servicio a los intereses generales. Pero ni a la monarquía ni a ninguna otra forma política le basta con la legitimidad de origen, ya que necesita también de la legitimidad de ejercicio, basada en la creencia generalizada de que los poderes públicos cumplen correcta y útilmente sus funciones constitucionales.

Es una característica genuina de la monarquía parlamentaria que su legitimidad de ejercicio tiene más peso que la de origen, pues sin aquella, esta vería muy mermada su eficacia, por la sencilla razón de que, hoy, la monarquía parlamentaria descansa, sobre todo, en su utilidad. En el fondo, esto ya se contenía en la vieja máxima isidoriana: rex eris si recte facies. Ese obrar rectamente, dado el carácter personalísimo de la institución monárquica, se extiende en una doble dimensión: pública y privada, pues no abarca solo el deber institucional de cumplir exactamente las funciones constitucionalmente atribuidas, sino también el deber personal de dar un ejemplo constante de honradez. No cabe descartar que un buen rey en el plano institucional pueda haber dado un mal ejemplo en su vida personal y que, al hacerle objeto de un juicio histórico, deben separarse ambas facetas, ya que los defectos personales del rey no privan, por sí solos, de valor al correcto ejercicio de sus funciones públicas si así las hubiera desempeñado, ni, en todo caso, invalidan las ventajas institucionales de la monarquía parlamentaria como sistema. Pero también es cierto que, si el defecto personal del rey fuese patente y generalmente conocido, podría impedir, muy probablemente, que el correcto ejercicio institucional desplegase capacidad legitimadora. O dicho más claramente, podría hacer muy difícil que la monarquía sobreviviera.

Las anteriores consideraciones, de índole teórica, deben servirnos en la práctica para juzgar adecuadamente el reciente comunicado de la Casa del Rey referido a las relaciones entre Felipe VI y su padre, el rey Juan Carlos. Este comunicado puede suscitar cuestiones que son menores, en mi opinión, tales como los efectos jurídicos de la renuncia a la herencia que pudiera corresponderle a nuestro Rey (me parece claro que en el plano constitucional, al margen del Derecho Civil, hay que entender esa renuncia, sin duda, como un compromiso firme e irrevocable) o si debió hacerse público el problema que ahora se denuncia cuando se conoció hace un año (entonces creo que, personal e institucionalmente, se hizo lo que se debía, que ahora no queda desmentido, sino ratificado). Lo importante de ese comunicado no son, pues, esos detalles, sino su forma y contenido: el modo firme, tajante, sin paliativos, con que nuestro Rey ha reaccionado, por muy doloroso que, personalmente, le haya resultado hacerlo, reiterando públicamente un compromiso ético asumido desde el momento de su acceso al trono. Como en el propio comunicado se recuerda, don Felipe ya anunció en su discurso de proclamación ante las Cortes Generales que su conducta como Rey estaría caracterizada por la honestidad institucional y personal.

Aquellas palabras, fieles a la convicción de que es absolutamente necesaria la legitimidad de ejercicio en la monarquía parlamentaria, no tienen desperdicio, y conviene transcribirlas, pues son la clave del reciente comunicado, esto es, de lo que, con toda seguridad, nuestro Rey haría cuando la conducta de cualquiera de los miembros de su familia no se atuviese a esos valores: “La Corona debe (…) velar por la dignidad de la institución, preservar su prestigio y observar una conducta íntegra, honesta y transparente, como corresponde a su función institucional y a su responsabilidad social. Porque, solo de esa manera, se hará acreedora de la autoridad moral necesaria para el ejercicio de sus funciones. Hoy, más que nunca, los ciudadanos demandan con toda razón que los principios morales y éticos inspiren —y la ejemplaridad presida— nuestra vida pública. Y el Rey, a la cabeza del Estado, tiene que ser no solo un referente sino también un servidor de esa justa y legítima exigencia de los ciudadanos”.

Es difícil decirlo mejor: por encima de la familia, de los afectos personales, de los sentimientos filiales, está el exacto cumplimiento del deber y la irrenunciable ética pública que han de acompañar a la Corona y a sus titulares; así lo exigen los tiempos, pero también la idea, permanente en una monarquía parlamentaria, de que sin legitimidad de ejercicio la monarquía no puede subsistir. Pocos, creo, han comprendido mejor que Felipe VI lo que la monarquía parlamentaria significa. Los españoles tenemos la inmensa suerte de contar con un buen Rey, con un Rey auténticamente constitucional, no solo por haber accedido al trono y reinar de acuerdo con lo previsto en la Constitución, y por tener una sólida formación constitucional, sino además por su absoluta identificación con los valores que nuestra Constitución exige a la conducta de todos los cargos públicos.

Por ello los ciudadanos podemos confiar en la capacidad de advertir y animar de nuestro Rey cuando la Constitución se pone en peligro, como hizo en su mensaje del 3 de octubre de 2017, o cuando se ponen en peligro el Estado y la misma sociedad, como está ocurriendo con la pandemia actual del coronavirus, de cuyo desarrollo y de cuyas medidas públicas para afrontarla ha estado informado el Rey desde el primer momento, participando, dentro de la naturaleza de sus funciones, en la responsabilidad estatal irrenunciable ante esta situación. Por ello, una vez adoptadas por las autoridades competentes las urgentes medidas necesarias, nuestro Rey ha vuelto, el pasado día 18, a dirigirse a la nación animando a los ciudadanos a confiar en sí mismos y en las instituciones, y garantizando que los poderes públicos están actuando y lo seguirán haciendo con toda la fuerza necesaria para combatir con éxito esta gravísima crisis sanitaria, social y económica. Estoy seguro de que esa alocución ha tenido un gran efecto, porque la intachable legitimidad de ejercicio que, como Rey, viene demostrando, lo hacen acreedor de la confianza ciudadana.

En España, el Rey no es, como algunos dicen, por ignorancia o malicia, un “mero adorno constitucional”, sino una pieza fundamental del Estado que incluso (en frase clásica referida a la monarquía parlamentaria) “hace más de lo que parece hacer”, aunque no tenga competencia, por sí solo, para adoptar decisiones políticas. Estas les corresponde adoptarlas a los órganos democráticos, y en la actual crisis al Gobierno de la nación, cuyas decisiones han de ser obedecidas por todos los españoles y todas las autoridades. Pero, sin duda, la auctoritas del Monarca fortalecerá la necesaria acción del Estado para que los españoles salgamos, cuanto antes, de la terrible crisis que nos atenaza.

Manuel Aragón 



Una democracia enredada, por José J. Jiménez Sánchez 

«La confusión va aneja a toda época de crisis […] No sabemos lo que nos pasa, y esto es precisamente lo que nos pasa, no saber lo que nos pasa: el hombre de hoy empieza a estar desorientado con respecto a sí mismo, dépaysé, está fuera de su país, arrojado a una circunstancia nueva que es como tierra incógnita. Tal es siempre la sensación vital que se apodera del hombre en las crisis históricas» Ortega y Gasset, En torno a Galileo, págs. 412 y 443.

El hombre es el único animal que posee la palabra. En el medio común del lenguaje nos abrimos al mundo y a los otros, haciendo posible un espacio de convivencia intersubjetivamente compartido. Aunque esto no excluye la posibilidad de confusión. Los hablantes pueden ser desinformados, engañados y manipulados a través de la comunicación. Por ello cabe que por medio del discurso nos enredemos, lo que sucede cuando hablamos de lo que no conocemos o mal comprendemos, cuando nos dejamos llevar por la moda, cuando somos absorbidos por la palabrería, por el ruido. Así podría definirse la situación en la que nos encontramos, desconcertados y necesitados de orientación. Pondré varios ejemplos de esa confusión acerca de algunos de los conceptos que poseemos. Me refiero a los de democracia, derecho a decidir, legitimidad y, finalmente, pueblo, quizá porque son los más necesitados de clarificación.

En relación con el concepto de democracia, es cierto que todos nos definimos como demócratas, todos lo somos, aunque cada cual lo entiende a su manera. Unos comprenden la democracia como el régimen político en el que han de predominar las decisiones adoptadas mayoritariamente por el pueblo, incluso con independencia de las reglas establecidas, pues éstas han de supeditarse a esa voluntad mayoritaria y no tienen por qué condicionarla. El pueblo es soberano y la democracia es votar. Otros, me atrevería a sostener, no saben lo que dicen, pues afirman que «el respeto a la legalidad no debe provocar la vulneración del principio democrático. Un principio que exige dotar de un valor relevante y primario a la decisión de la ciudadanía vasca. Un principio que es también, con igual o superior fuerza, legalidad vigente»[1]. Con lo que se defiende una cosa y su contraria. Finalmente hay quienes la comprenden como un régimen político en el que las decisiones de la mayoría no pueden contravenir las reglas establecidas, aunque puedan cambiarlas de acuerdo con lo dispuesto en ellas. Esta última concepción de la democracia implica que se la entienda de manera más compleja en la medida en que se comprende que la democracia es también Estado de derecho, división de poderes y respeto a los derechos y libertades individuales. La razón última de estas limitaciones de la voluntad mayoritaria del pueblo radica en una comprensión diferente de la soberanía popular, en tanto que no se concibe fácticamente, de forma inmediata, como la expresión directa de su voluntad mayoritaria, sino que se piensa normativamente, como idea, que requiere de ciertas mediaciones a fin de lograr su determinación, la de la voluntad general, primero por medio de la regla de la mayoría, después a través de los representantes elegidos, con la finalidad de asegurar la racionalidad de su manifestación, lo que se alcanza cuando su determinación por medio de la conformación de la voluntad mayoritaria se lleva a cabo en el derecho.

Algo parecido sucede con las libertades políticas, entre las que habría que destacar el derecho de participación, que se confunde con el derecho a decidir, en la medida en que se entiende que nuestra participación política, es decir, la expresión política de nuestra conciencia particular ha de ser absoluta, soberana, por lo que no puede quedar coartada por lo establecido en las normas. Si tenemos capacidad de decidir, la tenemos en tanto que podemos usar nuestro propio poder según nos plazca, sin limitaciones, esto es, sin impedimentos externos, de los que son muestra las restricciones impuestas por el derecho. Esta es una manera un tanto desdibujada de adentrarse en lo que significan las libertades políticas y el papel que han de jugar en la determinación de la voluntad popular. Algo similar sucede con la libertad de expresión, respecto de la que suele confundirse el derecho de expresar libremente las ideas de cada cual, lo que queda amparado en la misma, con el pensamiento de que tales ideas han de recibir igual respeto y consideración, en tanto que son la manifestación del ejercicio de un derecho fundamental. Si admitiéramos tal confusión, estaríamos asentando la libertad de expresión sobre una concepción relativista, lo que nos impediría entender que la libertad de expresión no es incompatible con el ejercicio de nuestra razón, si es que queremos diferenciar entre las distintas opiniones con la finalidad de establecer cuál o cuáles de ellas puedan ser correctas y cuáles incorrectas, sin que esto suponga ningún desprecio por el derecho que todo el mundo tiene a expresar su parecer. Dicho de manera más clara, todo el mundo posee la libertad de expresión, aunque su opinión no tiene por qué merecer igual consideración; lo que todo el mundo merece, es igual respeto, aunque de ello no puede deducirse que sus opiniones se admitan por igual, sin ningún tipo de discriminación.

No obstante, la confusión en torno al derecho a decidir conlleva consecuencias más desastrosas, pues tal derecho no se concibe simplemente como un derecho individual que va más allá del derecho de participación, sino que se entiende que tal derecho lo poseen las diferentes naciones (Völker), por lo que habría que comprenderlo como derecho de autodeterminación de las mismas. Aquí el nivel de desconcierto se acentúa, ya que no sólo se enmarañan derechos políticos individuales con derechos colectivos, sino que también sucede con los mismos derechos colectivos, en tanto que se trata de aplicarlos a situaciones para las cuales ni se pensaron ni tampoco tendrían sentido. Me refiero, claro está, a que no pueden emplearse las soluciones que se ofrecieron en relación con los procesos de descolonización para resolver los problemas que pueda conllevar el encaje de las distintas colectividades con lengua y cultura propias dentro de un Estado democrático de derecho.

El tercer problema en el que encontramos desarreglos se refiere al concepto de legitimidad. Es cierto que es uno de los más complejos con el que nos podemos enfrentar en la reflexión jurídico-política, por lo que sólo me voy a limitar a señalar uno de los desajustes sobre el mismo, que tiene que ver con otro asunto de fondo, el concepto de soberanía. Me refiero al hecho de que se identifique el número con la corrección de lo que se sostiene. Así se considera que si algo es defendido por la voluntad mayoritaria del pueblo, esto no es, de acuerdo con los dos primeros errores de los que antes hablé, simplemente democrático o expresión del ejercicio de nuestros derechos, sino también legítimo. De esta manera se mezcla la contingencia de la decisión mayoritariamente alcanzada con la de su legitimación, confundiendo el número que respalda una decisión, con la legitimidad de lo decidido. Es cierto que en los sistemas democráticos el número es fundamental, aunque no sea suficiente, pues la contingencia de la decisión no puede corregirse meramente por el número, todo lo contrario, la contingencia se encuentra ínsita en el número o lo que es lo mismo, en la suma de las voluntades particulares. Así pues, esa contingencia sólo podrá corregirse si la decisión mayoritaria se adopta bajo condiciones formales tales que la eviten y aseguren, por el contrario, una decisión mediada con la universalidad.

Dworkin percibió muy bien los problemas que podían derivarse de la defensa irrestricta de la regla de la mayoría. De ahí que diferencie claramente entre lo que puede ser objeto de acuerdo y, por tanto, de transacción, y lo que sólo puede ser objeto de compromiso. Mientras que sobre los intereses se puede transigir, no sucede así con los principios, que sólo pueden ser objeto de compromiso y no de acuerdo. Precisamente, las dificultades del planteamiento mayoritario derivan de no haber tenido en cuenta esta diferencia y haber pensado que todo puede ser objeto de transacción, pues para que la transacción pueda persistir, necesariamente ha de tener un límite, esto es, que la transacción no puede ser objeto de sí misma, sino que se tiene como su propio límite. En definitiva no es sino el viejo problema del relativismo, todo es relativo menos la afirmación de que todo es relativo, es decir, menos el propio relativismo, con lo que caeríamos en un nuevo absolutismo, que puede ser aún peor en la medida en que parece justificado, cuando no lo está[2]. En definitiva, las decisiones mayoritarias se encuentran frente al argumento de la ‘reductio ad hitlerum’, un argumento que, nos guste o no, es muy consistente, pues plantea que la corrección o incorrección de una decisión no puede depender del número de personas que la apoyen, sino de la rectitud del argumento que se defienda. Esto no quiere decir que el número sea irrelevante. Dicho de otra manera, el número de personas es una condición necesaria, pero no suficiente. Sin un número mayoritario de personas que apoyen una medida no hay nada que hacer, pero sólo con el número tampoco. Necesitamos algo más, pues el principio de las mayorías por sí mismo no puede evitar que se instale un sistema político contrario al propio juego del principio de las mayorías. Así, la mayoría podría impedir que se formara otra de distinto signo. De ahí que la regla de la mayoría, a través dela que se determina el principio de la soberanía popular, requiere de unos límites, una serie de derechos individuales, que cabe enmarcar bajo el principio defendido por Dworkin, siguiendo los pasos de Rawls, como el principio de que todos merecen igual respeto y consideración[3].

Por último, algo similar sucede con el concepto de pueblo[4]. Pondré un ejemplo acerca de la confusión que reina en la utilización de este concepto. Dice Savater que la palabra pueblo «parece exigir una homogeneidad entre los miembros del colectivo, una identidad moral y quizá étnica que los determina y a la vez excluye a quienes no deben pretender mezclarse con ellos. El pueblo es un nosotros que equivale siempre y primordialmente a un no-a-otros […] Desde luego, llamar pueblo al conjunto de los ciudadanos no es pecado, como tampoco denominar ‘corcel’ a un caballo: son licencias poéticas, o sea, dudosa retórica. Pero resulta engañoso creer que […] el pueblo [es] más que los ciudadanos»[5]. Son dos las confusiones que se deslizan en este texto y que muestran perfectamente el clima de la situación en la que nos encontramos. En primer lugar confunde pueblo con nación. Es cierto que lo mismo sucede en nuestra Constitución, en la que se atribuye la soberanía tanto a la nación española como al pueblo español, por lo que se la termina calificando como soberanía nacional. También es cierto que tal ambivalencia se encuentra, desde el siglo XIX, en la palabra alemana Volk, lo que hace que sus traducciones a otros idiomas no sean coherentes, pues mientras que en español se traduce como pueblo, en inglés se hace como nation, lo que en mi opinión resulta más acertado. Precisamente, Hegel trató de luchar contra tal ambivalencia, mediante la recuperación de un antiguo concepto, Demos, lo que posibilitaría una concepción de pueblo que fuese más allá de la inmediatez en la que había quedado enraizado el concepto de Volk, al haberse construido sobre la realidad de la lengua, la cultura e incluso la raza.

El segundo error consiste en calificar como licencia poética el hecho de llamar pueblo al conjunto de los ciudadanos. La razón que sustenta tal afirmación es la de creer que el pueblo no puede ser algo más que los ciudadanos. En estas afirmaciones se deslizan varias confusiones. En primer lugar hay un desarreglo de fondo pues parece que se negara la existencia del pueblo, mientras se afirma la del ciudadano, con lo que se difumina la de las personas naturales, esto es, de carne y hueso. Me refiero con esto a que en las palabras de Savater se están confundiendo dos planos, el fáctico y el normativo, que es lo que permite rechazar un concepto de pueblo, entendido como nación, y aceptar el de ciudadanía como si fuera el auténtico concepto que expresara la realidad y desde el que, además, habría de encauzarse el de pueblo. Para solucionar este galimatías, tendríamos que entender que el concepto de pueblo puede comprenderse también como persona artificial, esto es, como una construcción jurídico-constitucional, en la que hacemos residir la soberanía, con lo que podríamos, entonces, hablar de pueblo soberano tal y como se hace en la constitución estadounidense -We, the people…- Esta fue la propuesta de Kant cuando en la Crítica del juicio y siguiendo lo que estaba acaeciendo en los Estados Unidos, defendió la necesidad de transformar el pueblo en Estado. Sólo así podríamos hablar de ciudadanía, pues hablar de la misma con independencia de la construcción de una soberanía popular no tendría mucho sentido. Sólo si fuéramos capaces de instituir una voluntad general, podríamos introducir el concepto de ciudadanía, o dicho de otro modo, ambos conceptos, soberanía popular y ciudadanía, son inescindibles, pues se requieren mutuamente. Por eso no cabe decir que el pueblo no es más que los ciudadanos, como si éstos fuesen algo más que el pueblo. Así pues no se trata de establecer un juego entre pueblo como nación y ciudadanía, sino entre el pueblo soberano como voluntad general y ciudadanía, entre democracia y derechos y libertades individuales. Sólo si nos adentramos en el terreno normativo, podremos comenzar a establecer la posibilidad de solucionar las confusiones que nos acompañan en la construcción de los conceptos básicos de una filosofía jurídico-política democrática. Aunque seamos conscientes de que a pesar de sus defectos y su presente crisis, «there is no alternate, comprehensive set of political and economic ideas poised as a rival to liberal democracywith universal aspirations and global appeal»[6].

1 Taurus, Madrid, 2006 (1947, 1942, 1933), en Obras Completas, tomo VI (1941-1955).

2 Propuesta del PNV para diseñar el nuevo estatus, El Mundo, 8-II-2018.

3 H. Kelsen, De la esencia y valor de la democracia, 2006 (1929), ed. y trad. de J. L. Requejo Pagés, KRK, Oviedo, 2006 (1929),pág. 53 y su intento de corrección en la pág. 145. Lo curioso es que su intento de corrección de los excesos del principio mayoritario por la transacción lo llevan al punto de partida. La razón de todas estas vueltas y revueltas, siempre se encuentra en el mismo lugar: no haber abordado bien el problema central sobre el que todo esto se construye, es decir, pensar que dejando de lado el problema de la voluntad general, los problemas que la misma conllevaba se solucionaban. Como podemos apreciar, no es eso lo que sucede.

4 Vid., al respecto, R. Dworkin,  Los derechos en serio, trad. M. Guastavino, Ariel, Barcelona,  1984(1977),  p. 274. I. Maus, ÜberVolkssouveränität. Elemente einerDemokratietheorie, Suhrkamp, Berlin, 2011, pág. 10 y 44 y ss. En relación con la segunda, vid., L. Haffert, «Metropole des Populismus-BerlinalsTotem der Elitenkritik», Merkur, 30-I-2018, pág. 1.

5 Podríamos detenernos en alguna otra confusión en relación con el concepto de pueblo, como aquellas que lo identifican con la opinión pública ¾Öffentlichkeit¾, o con la población ¾Bevölkerung, das gesamtePublikum¾, o la propia de los populistas quienes dicen representar al verdadero pueblo –das wahreVolk.Sobre la primera confusión, vid.,

6 F. Savater, «Pueblo», El País, 25-XI-2017, pág. 56.

7 P. D. Miller, «FukuyamaWasRight (Mostly)», The American Interest, enero 2019.

José J. Jiménez Sánchez



La corona y la soberanía, por José J. Jiménez Sánchez

Publicado originalmente en El Mundo el 25 de marzo de 2021

Thomas Hobbes tardó mucho en darse cuenta de que el auténtico soberano no era el que había diseñado en el Leviatán, un soberano instituido por la multitud, al que ésta entregaba todos sus derechos con la finalidad de que preservara la vida de sus miembros. El problema de tal institución consistía en que la renuncia a los derechos naturales de cada cual implicaba la creación de un soberano con todo el poder, un poder absoluto, por lo que su justificación, la preservación de la vida de sus súbditos, terminaba por depender de la misma voluntad del soberano. Así, Hobbes había conseguido justificar ex novo la creación del Estado moderno, asentado en el previo y libre consentimiento de los individuos y definido por la creación de un poder todopoderoso, el poder absoluto del soberano.

Sin embargo, Hobbes no reparó sino 30 años más tarde en que su construcción adolecía de una completa falta de conexión con la realidad. Toda su vida trató de comprender cómo había sido posible que la sociedad inglesa acabara enfrentándose en una atroz, como todas, guerra civil. La decapitación de Carlos I y su sustitución por Cromwell no habían solucionado las dificultades de fondo. Si el problema que había justificado la decapitación del rey consistía en el enorme poder del mismo, la solución que se encontró no hacía sino empeorarlo, pues solo un poder que fuese más poderoso que el del rey, esto es, un poder que fuera aún más absoluto que el poder del mismo rey, tendría la fuerza suficiente como para derrocarlo. Esta paradoja en torno al poder absoluto y la imposibilidad de su sustitución a fin de evitar su absolutez estuvo presidiendo toda su reflexión hasta casi el final de su vida.

En 1668, cuando Hobbes tenía 80 años, publicó un pequeño libro en el que volvía a los mismos temas sobre los que había reflexionado toda su vida, el poder político y su legitimación. En ese libro, Behemoth, descubre algo radicalmente distinto en relación con lo que había venido pensando; el poder del soberano, sea quien sea, un rey o un dictador, no se asienta simplemente en su poder, por absoluto que sea, sino que se apoya en lo que, ahora, considera el auténtico poder, la opinión del pueblo. En ella radica el poder del soberano y no hay soberanía que pueda sustentarse sobre sí misma; siempre habrá de hacerlo sobre aquélla, la opinión pública. El soberano requiere del consentimiento permanente del pueblo; exige que el mismo pueblo lo respalde. Ésta es la razón por la que la opinión del pueblo ha de considerarse como el auténtico soberano.

Muchos años después, en 1798, Hegel se da cuenta, en uno de sus primeros escritos y de conformidad con lo descubierto por Hobbes, de que la Constitución y las leyes han de estar de acuerdo con las costumbres y las necesidades de los miembros de esa sociedad. Así pues, las instituciones han de compadecerse con la opinión de los seres humanos, puesto que han de regular sus relaciones, lo que no sería posible si su opinión fuera contraria a lo que las reglas les pudieran exigir. Esto quiere decir que el espíritu de las leyes ha de pervivir entre los miembros de la sociedad; si no es eso lo que ocurre, la Constitución no podrá perdurar, pues las normas requieren del entendimiento, pero también del sentimiento de aquellos a quienes las mismas se dirigen. Es decir, las formas son fundamentales para construir el vínculo de un pueblo pero insuficientes si no reciben el asentimiento, racional y sentimental, de ese mismo pueblo.

Viene todo esto a cuento de aquella expresión que Hamlet utiliza para alabar el trabajo del fantasma de su padre, al que se refiere como viejo topo. Esta metáfora ha sido utilizada de manera frecuente por la izquierda a partir de Marx y su descripción de la revolución como un movimiento que actúa sibilinamente y de manera subterránea hasta que explosiona y alcanza el poder. De lo que se trataría sería de carcomer el espíritu que sostiene el edificio, como las termitas hacen con la madera, vaciándola y dejando meramente la carcasa. Una débil presión, sin que apenas se utilice la fuerza, bastará para que quiebre su estructura. Así sucederá con nuestras instituciones si se logra evaporar su alma de la opinión de los hombres. Los pilares del edificio constitucional quedarán carcomidos, con lo que después de un tiempo se encontrará en riesgo de colapso.

Éste es el trasfondo teórico-práctico de lo que viene sucediendo en nuestra sociedad desde hace años, aunque todo este proceso se haya acelerado desde el momento en que solo uno de los tres poderes del Estado puede calificarse como poder verdadero. Éste es el poder ejecutivo, pues se ha solapado con el legislativo, al que controla, lo que en buena medida también hace con el judicial, o al menos en eso estamos. Además, ese poder ejecutivo ha decidido hozar como el viejo topo a fin de minar las formas que han asegurado hasta ahora nuestras relaciones sociales. Me refiero claro está al principio de la soberanía popular, al que se viene contraponiendo el derecho de autodeterminación; la monarquía parlamentaria, que se confronta con la república ideal y el poder judicial, cuyo control se hace imprescindible, en tanto que poder garante de nuestros derechos y libertades individuales. Indudablemente, esto se acompaña de una lucha por el dominio de la opinión pública. Hobbes vio con claridad que quien se imponga sobre el soberano, la opinión del pueblo, será el auténtico soberano. Esto es lo que se traen entre manos.

La lucha a la que nos enfrentamos en nuestro país será un combate largo y exigente, pues consiste en lograr el dominio de la opinión pública de manera que las costumbres y necesidades de la sociedad se orienten de acuerdo a criterios diferentes de los establecidos en nuestras instituciones. Es una batalla de las ideas, en la que tenemos que tener suficiente visión como para saber que de lo que se trata es de sustituir el espíritu de nuestra Constitución, articulado sobre el reconocimiento de la libertad en el derecho y no al margen del mismo. Solo es posible, había dicho Hegel, la libertad racional en el Derecho. Esto no plantearía ninguna dificultad si lo que se intentara traer fuese mejor que lo sustituido, lo que es muy difícil de imaginar, en tanto que eso supondría en principio situarnos al margen de la ley. El problema es que no somos suficientemente conscientes de que nuestro sistema constitucional se asienta sobre dos pilares, que lo dotan de plena racionalidad y para los que, al menos hoy, no tenemos reemplazo: el principio de soberanía popular y el reconocimiento de los derechos y libertades individuales.

Ante la batalla en la que estamos inmersos, hemos de ser conscientes de que el modelo sobre el que nos tratan de convencer es una pura irracionalidad. La república confederal frente a nuestro sistema constitucional no hará sino acentuar las dificultades a las que ya desafiamos, sin añadir nada que pudiera calmar nuestros males. Además, los problemas con los que nos enfrentamos no radican en nuestras formas, sino en nuestras costumbres. Su solución no reside en vaciar el alma de la Constitución en la opinión de nuestros conciudadanos, sino en lo contrario, en lograr que ese espíritu se encarne en sus costumbres. Es justamente lo opuesto a lo que el poder ejecutivo intenta llevar a cabo; el error no se encuentra en la Constitución sino en nosotros. No hemos sabido apreciar, tras 40 años, toda la riqueza racional que encierran nuestras instituciones, entre ellas la de una Monarquía que solo puede hablar en nombre del soberano, del pueblo todo como uno, a la vez que recuerda, por hacerlo así, a la opinión pública que únicamente es posible la paz civil si nuestra convivencia, si nuestros usos, se asientan sobre el interés general y el respeto a la ley, en torno a los que se articula la posibilidad de la racionalidad de nuestras prácticas.

De ahí que el auténtico pensamiento revolucionario hoy día no sea el que defiende la demolición de nuestra democracia parlamentaria, sino justamente el que la sostiene. Remedando a Marx, habría que decir ¡hocemos, nuevos topos!, a fin de conseguir construir todo un sistema de pensamiento con el que poder oponernos al intento de demolición de nuestra Monarquía parlamentaria, institución hoy encarnada en Felipe VI y que, entre otras ventajas, proporciona estabilidad y continuidad, esta última garantizada en la Princesa de Asturias, Doña Leonor, que ayer protagonizó un acto histórico con sus primeros pasos en solitario.

José J. Jiménez Sánchez